ZARAGOZA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, ha exigido este martes al Gobierno autonómico que acometa ya la reforma del impuesto de sucesiones para aprobar un proyecto de ley y aplicar las nuevas reducciones y bonificaciones a partir del 1 de octubre.
En rueda de prensa, Antonio Suárez ha expuesto que la Comunidad Autónoma recaudó 200 millones de euros el año pasado y tiene la previsión de ingresar 149 este año, aunque no se ha modificado el gravamen, por lo que el PP calcula que podría aplicarse una importante reducción durante el último trimestre, a partir del 1 de octubre.
"El Gobierno tiene margen de maniobra", ha opinado el parlamentario, quien ha explicado que los ingresos de 149 millones de euros por este concepto ya forman parte de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año, pero considerando que la ejecución será igual que en 2017 "hay un margen suficiente" para llevar a cabo la reforma del impuesto "al menos" desde el último trimestre del año.
La propuesta del PP Aragón es bonificar el impuesto al 99 por ciento a todos los grupos, puesto que solo el Gobierno de España puede tomar la iniciativa de suprimirlo, que pueden aprobar las Cortes Generales, aunque Suárez ha subrayado que el planteamiento general de su partido es suprimirlo. La armonización entre regiones "es una medida de tránsito", ha opinado.
Asimismo ha recordado que el PP está reclamando la supresión desde el pasado mes de noviembre de una forma concreta, proponiendo la elaboración de un proyecto de ley junto con la Ley de Presupuestos de 2018: "era el momento", ha dicho.
El portavoz de Hacienda del PP se ha preguntado "cómo van a compensar a todos los ciudadanos que han pagado en 2016, 2017 y 2018, exigiendo que cese la "tomadura de pelo".
INMOVILISMO
Antonio Suárez ha criticado el "inmovilismo" del Gobierno de Javier Lambán, "hasta hace unos días", en esta materia, "pese a que hubo protestas de algunos grupos", ha dicho, mencionando a los asesores fiscales, los economistas, empresarios y ciudadanía, que han llevado a cabo "una movilización importante en contra del impuesto", a lo que se añade un informe del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, "sin que se tuviera mucho en cuenta".
"Depende solo de la voluntad política, no es un asunto que requiera informes ni comisiones", ha considerado el diputado del PP, quien ha planteado que "al final, lo único que hay que determinar es el alcance de la reforma, todo lo demás es pérdida de tiempo".
El Ejecutivo PSOE-CHA debe decidir "si de una vez por todas se quieren mantener en sus principios, en no mover nada porque era necesario para mantener los servicios públicos, o por lo contrario están dispuestos a mover ficha y rebajar el impuesto", ha continuado Antonio Suárez, quien ha advertido de que "si se trata de diferirlo a 2019, los aragoneses tomarán nota de que es un gesto electoralista".
VETO
Por su parte, el diputado del PP, Miguel Ángel Lafuente, ha señalado que el Justicia de Aragón ha recibido, hasta agosto de 2017, un total de 748 quejas de disconformidad con este gravamen y ha resaltado, del informe que García Vicente presentó en septiembre del año pasado, que "no salimos bien parados" en comparación con otras comunidades autónomas.
Ha afirmado que PSOE y Podemos han "vetado" en cinco ocasiones la comparecencia del Justicia en Comisión parlamentaria para presentar este informe, "para que no pueda explicarlo", añadiendo que esta decisión refleja "lo que algunos entienden por democracia parlamentaria", por lo que las apelaciones de estos partidos a la transparencia y el diálogo "son, simplemente, eslóganes publicitarios".
