El abogado de Almacenes Pumarín ve una "motivación secundaria" del Principado en la pieza separada de Marea

Los abogados de Almacenes Pumarín, Javier Díaz Dapena, e Igrafo, Miguel Valdés H
EUROPA PRESS
Publicado 21/02/2017 12:38:10CET

OVIEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La defensa del propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, ha aludido este martes a una "motivación secundaria" de la Administración regional en la pieza separada del 'Caso Marea' que ahora se investiga, relativa a supuestos fraudes en colegios en la etapa de José Luis Iglesias Riopedre como consejero de Educación asturiano.

El letrado Javier Díaz Dapena ha asegurado que lo que ahora se investiga "es una reproducción de lo que ya se ha juzgado", motivo por el que su defendido no ha prestado declaración este martes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. En la sede estaba citado junto al dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, el ex consejero Riopedre y la ex directora general de Centros, María Jesús Otero.

A juicio de Díaz Dapena, el actual proceso "tiene las mismas carencias" que el que ya está visto para sentencia y se trata además de un "tema politizado" que supone la "reproducción de algo que ya se ha juzgado". "Si a una persona la violan nueve veces lo que no puede es acordarse cinco años después de que la han violado una décima. Es más de lo mismo, es exactamente lo mismo", ha argumentado.

La nueva pieza se comenzó a investigar a raíz de una documentación que la actual consejería de Educación remitió a la Fiscalía. Según el abogado de Almacenes Pumarín, la actuación del Principado de Asturias en este caso "no es ni leal, ni ética, ni consecuente jurídicamente y carece totalmente de sentido".

Díaz Lapena no entiende además que ahora el Principado haya tratado de incorporar nueva documentación. "Desde luego esto tiene una motivación secundaria bastante más cercana a lo político y no es el hecho de hacer justicia", ha aseverado.

Por su parte, el abogado de Igrafo, Miguel Valdés Hevia, ha explicado que su defendido no ha prestado tampoco declaración "por prudencia" hasta conocer cómo evoluciona la instrucción y la sentencia de la causa principal.

A su juicio, la entrega tardía de información por parte del Ejecutivo asturiano responde a "una negligencia" y no a cuestiones políticas ya que "han tenido desde 2011" para hacer un informe completo que finalmente se realizó en 2015. "No soy quien para señalar a nadie, pero hay órganos de la Administración encargados que lo han dejado para el final", ha señalado.

Tanto Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín), como Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) se han negado a declarar, al igual que la ex directora general de Centros, María Jesús Otero, quien ha pasado ante la jueza apenas cinco minutos. Sí ha declarado, en cambio, el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, quien de forma escueta y en diez minutos ha contestado a las preguntas de la jueza y de su defensa.

A partir de ahora los tiempos los debe marcar el juzgado, aunque previsiblemente el siguiente paso será llamar a declarar a los más de 80 directores de colegios.

El actual consejero de Educación, Genaro Alonso, ya mostró el pasado 14 de febrero su "tranquilidad" frente a esta nueva investigación. Alonso subrayó entonces que desde el Principado han prestado y prestarán "toda la colaboración que sea necesaria y más".

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