Aumentan las retribuciones de los 41 asesores de confianza del Principado

Sede De Presidencia Del Principado
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 10 noviembre 2015 17:55

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies ha afirmado que las retribuciones de los 41 asesores de confianza política "nombrados a dedo" por el Gobierno de Javier Fernández tras las elecciones del pasado mes de mayo, ascienden a un total de 1.685.931,32 euros. Esta cifra supone un aumento en 5.428,44 euros respecto del importe total de las retribuciones que se pagaban al mismo número de asesores antes de las elecciones.

Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies, basándose en la información que se acaba de publicar en el llamado 'Portal de transparencia' del Principado de Asturias, señala que "se trata de un incremento del gasto que revela el sentido de la política sobre el empleo público que tiene el Gobierno asturiano".

"Mientras esta Comunidad Autónoma niega el pago de una parte proporcional de la paga extra debida a sus empleados públicos, a diferencia de lo que han hecho ya once Comunidades Autónomas, no encuentra inconveniente alguno en aumentar las retribuciones de un grupo privilegiado de su confianza política", añaden.

En esta relación de puestos de asesores, la asociación considera "escandalosos" algunos de ellos y destaca que el presidente del Principado "tiene tres asesores con el nivel 30, el máximo nivel retributivo en el empleo público, nivel que solo tienen seis jefaturas de servicio. ¿Para qué necesita y a qué dedica el presidente del Gobierno esta guardia pretoriana con los salarios más altos de la Administración Pública?".

Advierten también de que la Consejería de Presidencia tiene un total de ocho asesores. "¿Qué trabajos de confianza política realiza este amplio grupo de allegados que no puedan ser desarrollados por funcionarios públicos?", se preguntan.

El Conceyu por Otra Función Pública n'Asturies considera que "este sistema de reclutamiento masivo de asesores de confianza al margen de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, es un residuo antidemocrático del caciquismo político del siglo XIX, que no debiera tener cabida en un Estado que se dice Democrático y de Derecho".