MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido este lunes el acto de firma del contrato para que el Banco Santander gestione la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que durante los últimos años ha llegado a recaudar más de 3.200 millones de euros.
La subsecretaria de Justicia, Áurea Roldán, y el director general del responsable del Santander España, Enrique García Candelas, han firmado este contrato de apertura y gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales, como consecuencia de la adjudicación por concurso público a dicha entidad el pasado 26 de noviembre.
Para la adjudicación de este contrato, que tendrá una duración de cuatro años y se podrá prorrogar anualmente por otros dos más, se han tenido en cuenta fundamentalmente criterios económicos y circunstancias de carácter técnico, según ha informado el Ministerio de Justicia.
Justicia no ha concretado la cuantía exacta que alberga la cuenta, pero sí ha destacado que durante los últimos años el saldo total de las cuentas superó los 3.200 millones de euros y el Tesoro Público recibió más de 100 millones de euros en cada ejercicio en concepto de intereses remuneratorios.
Según ha explicado, cada juzgado dispone de una de estas cuentas bancarias, de cuya gestión se encarga el secretario judicial, para que en ella se efectúen los ingresos y los pagos relacionados con los procesos judiciales en trámite. Por ejemplo, en estas cuentas se depositan fianzas para eludir la prisión provisional, responder en concepto de responsabilidad civil o asegurar la realización de un acto procesal.
También se abona el pago de multas, de los depósitos para recurrir resoluciones judiciales o de las cantidades embargadas por los tribunales, así como dinero en concepto de indemnizaciones, honorarios de abogados, peritos o derechos de procuradores.
El modelo de gestión de estas cuentas está digitalizado y será fundamental para la puesta en marcha del expediente judicial electrónico. "Está considerado como una de las mejores prácticas de gestión de fondos públicos en Justicia del mundo", según ha informado en un comunicado el Ministerio.
