VALLADOLID, 26 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una línea de subvenciones por 249.984 euros de presupuesto propio para contratar a trabajadores desempleados como agentes de igualdad de oportunidades en ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en diputaciones que deberán desarrollar contratos temporales que estén comprendidos, al menos, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016.
La máxima cuantía a percibir por cada entidad beneficiaria será de 10.416 euros.
Según ha explicado la portavoz y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, estos trabajadores tendrán como objetivo impulsar todo tipo de actuaciones de información y sensibilización para incrementar el conocimiento y la valoración positiva de la integración socio laboral de las personas vulnerables.
De la misma forma, dentro de sus cometidos, realizarán una evaluación continua de programas y acciones que se estén ejecutando en el ámbito de las administraciones locales de la Comunidad.
Los destinatarios de los contratos serán trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo, entre ellos de forma prioritaria a jóvenes de menos de 35 años, mayores de 45, especialmente a los que no cuenten con prestaciones y presenten cargas familiares, y los parados de larga y muy larga duración, con especial atención a aquellos que han agotado sus prestaciones por desempleo y las personas en riesgo de exclusión social.
Se trata de los colectivos que se establecen como prioritarios en la II Estrategia Integrada de Empleo. Los contratos se realizarán con personar diplomadas o con Grado en esta área de conocimiento, tendrán una duración temporal de 180 días, a jornada completa.
Valdeón ha recordado a este respecto que los agentes de igualdad de oportunidades son profesionales con la formación especializada en esta materia, que diseñan, implementan, desarrollan y evalúan políticas de igualdad de oportunidades para garantizar que mujeres y hombres gocen de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo en cualquier ámbito social, político, económico y cultural.
Su trabajo abarca también establecer garantías dirigidas a la igualdad de oportunidades a los colectivos más vulnerables.
