El Ayuntamiento aprueba requerir a Aguas de Valladolid el traspaso de bienes sin apoyo de PP y Ciudadanos

La concejal María Sánchez interviene en el Pleno de Valladolid
EUROPA PRESS
Publicado 06/06/2017 17:06:21CET

El Grupo Popular propone ahora un "bulevar jurisdiccional" que incluya el convento de San Quirce en lugar del antiguo Río Hortega

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, con los votos favorables de PSOE, Toma la Palabra, Sí Se Puede y el concejal no adscrito y las abstenciones de PP y Ciudadanos, ha aprobado este martes en el Pleno municipal requerir a la empresa Aguas de Valladolid la colaboración en el traspaso de bienes y documentación necesario para llevar a cabo el cambio de la gestión, que pasará a ser ejercida por la recién creada entidad pública empresarial local (EPEL).

La sesión correspondiente al mes de junio ha estado protagonizada por la remunicipalización de la gestión del agua, pues además de esta moción, se ha debatido, con una notable tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos, por un lado, y el equipo de Gobierno, por otro, el trámite en el Pleno de la previsión de ingresos y gastos de la EPEL y el rechazo a las reclamaciones presentadas por la empresa contra la aprobación de la ordenanza fiscal que regulará las tarifas del agua.

En los dos debates han vuelto a quedar claras las posiciones de cada grupos, con las formaciones que apoyaron la investidura de Puente en 2015 a favor del cambio en la gestión y con Ciudadanos y el PP marcadamente en contra. Estos dos grupos no han querido apoyar la moción presentada por la concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, para requerir a la empresa que colabore en el cambio de gestión y no "obstaculice" el traspaso de bienes y documentación.

De hecho, Sánchez ha asegurado que la empresa actual concesionaria no está dispuesta a transferir a la nueva entidad la totalidad de los equipos informáticos, los teléfonos y el mobiliario y que, por ejemplo, tampoco ha facilitado la subrogación del alquiler de la oficina de atención al público. La edil ha apuntado que, si la compañía mantiene esta "actitud" ya tienen un "plan B" que pasa, por ejemplo, por licitar concursos para adquirir mobiliario u ordenadores, y que ya han buscado un nuevo local situado en la calle Muro, a pocos metros del actual, en la calle General Ruiz.

En este debate, el concejal del PP Carlos Fernández ha considerado que no es necesaria la moción porque debe ser el equipo de Gobierno el que "debe hacer trámites para certificar el traspaso", pues así está habilitado, de modo que ha insinuado que si no se formaliza el cambio de manera normal sería responsabilidad de los gobernantes. Eso sí, ha añadido que no se debe tampoco "presionar" a Aguas de Valladolid.

Los grupos que respaldan al equipo de Gobierno han acusado a los 'populares' de situarse del lado del interés privado de la empresa, motivo por el cual el portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha calificado al Grupo Popular de "piratas de lo público", ya que apoyan a una compañía que cree que "el agua es suya". Por su parte, la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, ha censurado que una empresa que "carece de ética" pueda gestionar un servicio público "de necesidad".

Posteriormente, llegaban al pleno los otros dos asuntos relacionados con la remunicipalización del agua ya acordados en comisiones, pero a petición del Grupo Popular se han debatido conjuntamente con la misma mecánica que una moción en un intercambio de pareceres no exento de momentos broncos.

Primero fue el alcalde, Óscar Puente el que hizo uso de la palabra de manera vehemente cuando la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, cerró una intervención con la afirmación de que el cambio de la gestión del agua responde a "la voluntad de unos pocos" --VTLP y Sí Se Puede--, ya que asegura que el Grupo Socialista era partidario de la creación de una sociedad mixta. El primer edil ha criticado a Vicente que ponga dudas sobre la representación democrática y ha subrayado que la decisión se ha tomado por la "voluntad de la mayoría" a la que representan PSOE y sus socios de gobierno.

AVISO DEL ALCALDE

Unos minutos después, cuando María Sánchez se disponía a cerrar el debate, los concejales del PP Carlos Fernández y del PSOE Victoria Soto se han enzarzado en una discusión de una bancada a otra, e incluso la edil ha calificado de "sinvergüenza" a su compañero de Corporación, lo que ha llevado a Óscar Puente a advertir a ambos de que, si no deponían su actitud, les invitaría a abandonar el Salón de Plenos. Finalmente, ambos han pedido disculpas.

Así, se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, VTLP y Sí Se Puede tanto la previsión de ingresos y gastos de la EPEL como el rechazo a las reclamaciones de Aguas de Valladolid sobre la ordenanza de tarifas, asunto que sólo se ha mencionado en los debates de pasada, con la advertencia por parte de PP y Ciudadanos de que el precio "va a subir".

En cuanto al resto de mociones, se ha aprobado con acuerdo previo de toda la Corporación proponer a la Casa de Beneficencia de Valladolid a la concesión de Orden Civil de la Seguridad Social; así como, por unanimidad en la mayor parte de los puntos, reclamar el efectivo cumplimiento de una moción de enero de 2016 en la que comprometía la adquisición de programas de software libre, propuesta por Sí Se Puede.

En cambio, los grupos que respaldan al equipo de Gobierno han rechazado la propuesta de Ciudadanos para "solucionar los retrasos en la tramitación de licencias", pues el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, ha defendido que el mayor retraso de un expediente es de tres meses, en el caso de una licencia de obra, lo que no considera que sea un "atasco", palabra empleada por el Grupo Popular.

Además, Manuel Saravia ha abogado por una revisión de la ordenanza reguladora de las terrazas en vía pública, pues ha apuntado que detectan problemas de dimensionamiento y de excesivo espacio ocupado por instalaciones "permanentes". También ha recordado que ya se han resuelto 89 de las 147 nuevas solicitudes de terrazas presentadas.

MOCIÓN RETIRADA POR EL PP TRAS EL DEBATE

La última de las mociones presentadas, propuesta por el PP para reclamar el cumplimiento del acuerdo de Pleno sobre el Plan de Industria e Innovación, ha sido retirada por su proponente, Antonio Martínez Bermejo, justo antes del momento de la votación y después de 40 minutos de debate para evitar que se cambiara el sentido de la misma, pues el edil preveía que se iba a aprobar una enmienda de sustitución presentada por el PSOE en la que se pretendía reclamar a la Junta que agilice el Plan Director de Promoción Industrial.

El presidente del Grupo del PP mostró un cartel durante su intervención en el que se asegura que el equipo de Gobierno ha "perdido 9.650 empleos" por la suma de algunos proyectos aun no iniciados --Parque Agroalimentario y soterramiento--, los "32 millones" que sumarían ayudas europeas no logradas por el Ayuntamiento, el freno al proyecto de ampliación de Vallsur, la "mala ejecución" del Plan de Empleo y las inversiones que han quedado sin ejecutar en los dos últimos presupuestos.

El concejal de Hacienda, Antonio Gato, ha rebatido con que entre el Plan de Empleo y las contrataciones en "dos empresas", se han creado 1.053 puestos de trabajo, a los que ha restado los en torno a 400 de compañías que han cerrado sus puertas --Lauki, Sada y Thomson Reuters--.

También ha vuelto al debate el asunto del Campus de la Justicia, con la nueva propuesta que lleva el equipo de Gobierno al Consejo de Urbanismo y que Manuel Saravia entiende que no supone "cambios sustanciales".

El portavoz del PP, que critica el "retraso" que ha supuesto esta modificación ideada por el equipo de Gobierno, ha planteado una nueva propuesta de "bulevar jurisdiccional" a lo largo de las calles Angustias y San Quirce con la incorporación al proyecto de la parcela del convento situado en esta segunda vía en lugar del aparcamiento del antiguo Río Hortega. Saravia ha considerado que iniciar ahora estos trámites conllevaría más dilación en el proyecto.

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