VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
El sindicato Comisiones Obreras ha pedido la paralización de la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en Castilla y León ante la "precipitación" en su aplicación, a "contrarreloj" y sin acuerdo con la comunidad educativa, y por otro lado va a iniciar movilizaciones y campañas de información en las universidades ante las pretensiones del Gobierno de hacer una reforma "encubierta".
Así lo han explicado la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones en Castilla y León, Elena Fernández, y los responsables de enseñanza pública no universitaria, Ismael Jiménez Ahijado, y el coordinador de enseñanzas universitarias, Orlando Granado.
Fernández ha explicado que han enviado al consejero de Educación, Juan José Mateos, una carta en la que solicitan el aplazamiento de la implantación de la nueva Ley en la Comunidad y le han reclamado que pida lo mismo al Ministerio, como han hecho comunidades como Andalucía, Asturias, Cataluña o Canarias, que ven "serios peligros" en una implantación "precipitada", a "contrarreloj" y sin consenso con la comunidad educativa.
La responsable sindical de Educación ha explicado que con la Lomce se consolidan los recortes y se abandona una educación integral y ha criticado que el Gobierno del PP vuelva a "imponer" sus criterios e ideas a través de una herramienta como el Real Decreto, además en un periodo de vacaciones.
En concreto, se ha referido al Real Decreto 1105/2015, por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria y Bachillerato, que "conculca" las garantías del Estado de Derecho porque "afecta directamente" a los profesores y su jornada laboral con, entre otras cosas, la supresión de materias.
Esta última cuestión supondría la pérdida de cerca de un centenar de profesores más --que se suman a los ya producidos por los recortes--, ha explicado Fernández, quien ha aclarado que aún no se puede cuantificar el número de docentes que se perderían en Castilla y León porque depende de cómo se traslade la normativa a la Comunidad.
En este marco, Ismael Jiménez ha asegurado que la Lomce va a suponer un "caso profundo", dado que se ha hecho a espaldas del profesorado, pero además supone que la Consejería de Educación tiene que trasladar en forma de normativa lo que supone el Real Decreto, algo que supone una serie de trámites, con sus respectivos plazos, que no se pueden hacer de forma "urgente" y ha recordado que en mayo hay elecciones.
"No se puede hacer de forma urgente y precipitada, por eso pedimos la paralización", ha insistido Jiménez, quien ha asegurado que otro "caos" lo sufren los opositores, que aún no saben si en junio se examinarán sobre una ley u otra.
El responsable sindical ha añadido que la Lomce supone un esfuerzo económico que se podría destinar a mejorar la calidad educativa con medidas como recuperar recuperar las condiciones sociolaborales, los 1.500 profesores que se han perdido o mejorar las ratio.
Asimismo, ha criticado que la reforma suponga que se vuelva a dejar solos a los "chavales" de cuarto de la ESO y se vuelvan a provocar enfrentamientos debido a que se repite que "el que vale, vale, y el que no, a FP", todo ello después de lo que ha costado prestigiar esta formación.
Jiménez Ahijado, tras criticar que todo se enfoque a las "reválidas", cree que se "sacralizarán" las Matemáticas y Lengua en detrimento de otras materias.
REFORMA "ENCUBIERTA" DE LA UNIVERSIDAD
Por otro lado, Elena Fernández ha criticado que el Gobierno pretenda llevar a cabo una reforma "encubierta" del sistema universitario sin debate ni evaluación de las últimas modificaciones legislativas, que supusieron, también por Real Decreto, una subida de las matrículas, cambios en la dedicación de los profesores o más requisitos para becas, además de reducirse el importe destinado a las mismas.
Así, ha concretado que se han reducido 1.500 millones las inversiones en la universidad entre 2010 y 2014, cuando se han perdido 8.000 puestos de trabajo, lo que ha su juicio es un "ERE encubierto" llevado a cabo "de forma perversa".
Ahora, se pretenden aprobar tres reales decretos para ordenar las enseñanzas, modificar la creación de centros y universidades y cambiar el sistema de acreditación del profesorado funcionario.
El objetivo, a su juicio, es convertir a las universidades públicas en empresas de servicios educativos y beneficiar a las empresas privadas, que apuestan por el postgrado.
Por ello, Orlando Granado ha adelantado que se va a empezar a informar --junto a los sindicatos mayoritarios del sector-- a la comunidad educativa sobre las consecuencias de estas iniciativas del Gobierno y los días 29 y 30 se convocarán movilizaciones de delegados sindicales.
El responsable de enseñanza universitaria ha concretado que entre las consecuencias de estas modificaciones está la posibilidad de que las universidades puedan ofrecer grados de tres años y máster de dos, lo que supondría un encarecimiento de las matrículas --en unos mil euros--, menos financiación pública y alumnos, lo que favorecería a las universidades privadas.
En cuanto a los criterios de creación de universidades y centros, considera que los cambios van dirigidos al sistema privado, ya que con la situación económica no se espere que puedan surgir centros públicos.
Además, ha señalado que una tercera modificación supondría reducir los criterios cuantificables para la valoración de los docentes y su acreditación, de forma que se crearía un sistema más subjetivo que permitiría también acreditar a más docentes en función de los presupuestos o la tasa de reposición. Es decir, a su juicio, pretende "cerrar el grifo" para que la gente no se acredite.
Según el sindicato, entre los años 2010 y 2014 las inversiones en universidades se han reducido en 67 millones en Castilla y León, un 10 por ciento menos, y se ha perdido un 3 por ciento de empleo.
