Considera que hay "prueba indiciaria" de que el contrato fue "preparado y concertado" entre los dos funcionarios y la UTE adjudicataria
VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Fiscalía de Valladolid considera que existe "prueba indiciaria" de que el concurso público para la dirección facultativa de la variante de Guardo fue "preparado y concertado" entre los funcionarios de la Dirección General de Carreteras de la Junta Jesús M.A. y Belén G.G. y los empresarios Diego B.D. y José Antonio Ll.J. para que el contrato se lo llevara la UTE conformada por estos últimos.
Así lo ha expuesto la acusadora pública en su informe final en el que ha acordado mantener invariable su petición de condena para los dos funcionarios y los administradores de Eipsa y Civil 4, en el caso de los técnicos de la Junta como autores de un delito de revelación de informaciones reservadas y otro de fraude a un ente público y respecto de los dos particulares por la autoría del segundo de dichos delitos y de otro de aprovechamiento de información privilegiada.
Los dos funcionarios y los dos empresarios se exponen cada uno a una pena de un año y ocho meses de prisión. Además, la fiscal pide a los dos técnicos el pago de multas por 6.750 euros y su inhabilitación para empleo o cargo público por diez años, mientras que los representantes de la UTE podrían verse privados del derecho a percibir subvenciones o exenciones fiscales durante tres años y obligados al pago de multas por importe de 1.022.000 euros.
Entre la "prueba indiciaria", la fiscal esgrime como principales hitos el abundante "flujo" de llamadas telefónicas, SMS y correos electrónicos y varias reuniones en persona entre los procesados entre finales de 2010 y primeros de 2011, antes, durante y al término de la tramitación del procedimiento administrativo, que permitió a la UTE investigada hacerse con un contrato por importe de 360.000 euros y que, como así entiende la fiscal, tenían como contenido el concurso público para el que se "concertaron", preparando una serie de cláusulas "excluyentes" para el resto de licitadores.
Amparada fundamentalmente en un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la acusadora, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera "clara" la participación de Belén G.G, encargada de elaborar los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas, documentos que, siempre según su tesis, habría confeccionado con la colaboración estrecha del resto de imputados para asegurarse de que el contrato recayera en manos de Eipsa y Civil 4.
La relación "personal" y las "expresiones de cariño" reflejadas en el cruce de correos entre la funcionaria y el administrador de Civil 4, Diego B.D, quien, además, obsequió a la primera en aquellas fechas con un jamón y varias botellas de vino, han sido resaltadas por la fiscal a la hora de contextualizar las numerosas llamadas entre ellos, algunas de larga extensión y en horario no laboral, coincidiendo "temporalmente" con la tramitación del expediente, circunstancia ésta que no se dio con el resto de licitadores del concurso.
"Hubo manejo de información privilegiada y concierto para defraudar a la administración pública, con vulneración de los principios de transparencia y libre concurrencia", ha aseverado la acusación pública como colofón de su informe.
"CUATRO PERSONAS HONRADAS EN EL BANQUILLO"
Versión diametralmente opuesta es la presentada por las defensas, que considera que toda la prueba está cimentada sobre un informe de la UDEF que ha sido tomado como "dogma de fe" pero que parte de una premisa "falsa" cuando asegura que la externalización de la dirección facultativa de la variante de Guardo fue acordada por los procesados, "cuando se ha demostrado que fue una decisión del Servicio Territorial de Palencia por falta de medios ante la complejidad y singularidad de la obra".
Pero además, los defensores recuerdan que la investigación tiene su origen en un anónimo recibido por la policía judicial en el que se anticipaba ya el fallo del concurso público, algo que a uno de los letrados no le sorprende lo más mínimo ya que entre los licitadores figuraba "una de la máximas referencias nacionales en materia de estructuras", en alusión a José Antonio Ll.J, adjudicatario a la postre del contrato.
"Lo único que se ha demostrado aquí es que no ha habido amaño alguno y, sin embargo, hoy tenemos a cuatro personas honradas sentadas en un banquillo que nunca tenían que haber ocupado", se ha lamentado el defensor de los dos funcionarios, quien, al igual que los otros dos defensores, ha enmarcado las llamadas, correos y reuniones de los investigados en las "relaciones profesionales" existentes entre ellos debido a otros proyectos que tanto Eipsa como Civil 4 tenían en ejecución con la Junta y cuya supervisión técnica corría a cargo de Belén G.G.
Pero además, los abogados de los procesados han coincidido también en que el procedimiento administrativo objeto del presente juicio es ejemplo de "eficacia y legalidad" pues el mismo supuso un enorme ahorro para las arcas de la Junta, cifrado en más de 300.000 euros, y han puesto como ejemplo de su perfecta tramitación el hecho de que al mismo concurrieron 27 licitadores y ninguno de ellos presentó recurso ni impugnación alguna.
En este sentido, recuerdan que la cláusula que la fiscal utiliza como una de las principales artimañas para excluir a otros licitadores, la inclusión en el pliego técnico la exigencia de 25 años como mínimo de experiencia del ingeniero principal, la cumplían todos y cada uno de quienes se presentaron al concurso y han insistido en que la misma pretendía únicamente garantizar la perfecta ejecución de una obra de gran complejidad técnica.
"Todos esos indicios de los que habla la fiscal están siendo utilizados de forma torticera y en una única dirección para justificar el amaño", ha denunciado públicamente una de las defensas, que, en caso de condena, han solicitado la atenuante de dilaciones indebidas.
Además, el letrado de Diego B.D. ha invocado la nulidad del proceso tras recordar que los discos duros incautados por la UDEF en la sede de Civil 4 no han podido ser visionados durante el juicio por falta de medios técnicos de la Administración de Justicia "y por ello la prueba documental debe ser considerada inexistente".
-. Firma: AEC .-
