Ya no deberán acudir al juez para que éste requiera la información a la Junta, con el correspondiente ahorro de tiempo y trámites
VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los diez fiscales especializados en violencia de género de Castilla y León tendrán a partir de ahora acceso directo a los datos de los Servicios Sociales de la Comunidad que precisen para poder adoptar las medidas pertinentes en cuanto a la protección de las víctimas, lo que supondrá un "considerable" ahorro de tiempo y de trámites al no tener que acudir al juez para que este elevara un requerimiento a la Administración, como ocurría hasta este momento.
Así lo ha explicado la fiscal superior de Castilla y León, María Lourdes Rodríguez, quien ha recordado que habitualmente estos trámites podían suponer hasta una semana de demora, mientras que ahora el acceso a la información "será inmediato", algo "fundamental" en casos en los que es necesario dictar una orden de protección, lo cual se debe realizar "en un máximo de 48 horas desde la presentación de la denuncia".
Rodríguez ha sido la encargada, en nombre del Ministerio Fiscal, de firmar el protocolo con la Junta de Castilla y León para reforzar su colaboración mediante este sistema unificado de información.
Por su parte la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha aclarado que, a pesar de que el acto de firma se ha celebrado este viernes, el protocolo "ya está en marcha", de modo que los fiscales cuentan con una clave de acceso para consultar esta información.
En concreto, los fiscales dispondrán del informe de valoración de la situación de violencia de género elaborado por los profesionales sociales, información sobre los recursos de la Comunidad para las víctimas y la historia social de las víctimas. Al mismo tiempo, se establece un compromiso de formación continua e todos los profesionales implicados.
En declaraciones recogidas por Europa Press, García ha enmarcado este protocolo en la estrategia integral 'Objetivo Violencia Cero' que pretende proporcionar a las víctimas una protección personalizada, mejorar la respuesta de las instituciones y optimizar recursos.
