IU de León exige un servicio público jurídico en la Diputación

Publicado 23/03/2018 10:32:53CET

LEÓN, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) de León exige que la Diputación cree y dote la plaza de letrado de la misma y se contrate este personal, "imprescindible" para el funcionamiento de una entidad pública.

IU está "totalmente en contra" de la propuesta del PP en la Diputación de sacar a licitación un contrato para el asesoramiento jurídico, la defensa letrada y la emisión de un máximo de cinco informes al año, todo ello por una cuantía de 121.000 euros para la defensa letrada y la representación de la Diputación, el Instituto Leonés de Cultura y los consorcios que preside: Aeropuerto de León y Turismo.

"Que una Diputación provincial funcione sin letrado da idea del afán de externalización de servicios que tiene en mente", ha denunciado la coordinadora provincial de IU de León, Eloína Terrón, quien denuncia que la mayor parte de los servicios que gestiona el PP en la Diputación los ha privatizado.

Además, IU, a través de un comunicado, asegura que el PP, que gobierna la Diputación, "deja abierta la posibilidad de realizar otras contrataciones si lo considera oportuno, es decir seguir en la misma línea de externalizar un servicio que tendría que ser propio de la Diputación".

Por ello, IU exige que la Diputación "cree y dote la plaza de letrado de la misma y se contrate este personal", pues, como así precisa, su coste como trabajador público sería bastante más económico que lo que plantea el PP en esa propuesta.

Además, consideran "indignante" que se plantee que si hay pronunciamiento favorable se abonarán gratificaciones extras, ya que en primera o segunda instancia el trabajador percibirá 700 euros (sin iva) y ante el Supremo o la Audiencia Nacional 1.600 euros (sin iva).

Para IU la labor de un servicio jurídico es "defender los casos y los intereses de aquellos a quienes representa, sin que haya que abonarle extras por su labor, así como hacer lo propio con todos sus conocimientos los intereses de la institución a la que representan".

Por eso, concluyen que "no se puede alegar que la ley de presupuestos no permite contratar, ya que es un servicio esencial para una Diputación el tener un letrado y asesor jurídico de cara al funcionamiento de la misma y a realizar una buena defensa de la gestión de los fondos públicos".

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