VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
ONGs ambientalistas pidieron al Gobierno que retire competencias a Castilla y León por la muerte reiterada de osos pardos, según informaron fuentes de las organizaciones en un comunicado recogido por Europa Press.
En este sentido, el pasado 20 de abril apareció el cadáver decapitado de un oso pardo en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, en la Montaña Palentina, enclave incluido en la Red Natura 2000, alberga el grueso del núcleo oriental de osos cantábricos, núcleo que suma un total estimado de 25 ejemplares.
El oso pardo (ursus arctos) es una especie catalogada por la legislación española en la categoría 'En Peligro de Extinción' que en la Cordillera Cantábrica cuenta con unos 125 ejemplares, principalmente en la zona occidental de Asturias y León, con unos 100 ejemplares a los que se suman los escasamente 25 osos de la ya mencionada población oriental. Ambos núcleos están aislados, lo que puede ocasionar "graves problemas de consanguinidad".
Asimismo, la población cantábrica de osos se enfrenta a un futuro "incierto" por diversos factores: pistas y tratamientos forestales, presión humana por ganadería, usos turísticos --como las estaciones de esquí--, usos industriales --como la minería a cielo abierto o los parques eólicos--, creación de grandes infraestructuras, incendios forestales,"excesivos" aprovechamientos cinegéticos en áreas oseras y también por furtivismo.
Este fenómeno, el del furtivismo, que se daba como decadente a finales de los 90, reapareció con "virulencia" en los últimos años y se manifestó de un modo especialmente violento en Castilla y León, sin duda como consecuencia de la "nefasta" gestión ambiental de los sucesivos gobiernos de esta Comunidad Autónoma, según aseguraron las ONG.
No obstante, aún "más grave" resulta que 6 de esos 10 animales localizados muertos en Castilla y León pertenecieran a la población oriental, dato del que subyace la gestión realizada en el Parque Natural de Fuentes Carrionas, dirigida exclusivamente a la explotación cinegética de ciervos y jabalíes, espacio en el que las acciones de conservación de especies amenazadas quedaron relegadas cuando no directamente omitidas y donde se llegó incluso a la persecución de lobos con medios ilegales por parte de funcionarios.
Los síntomas de "desprecio" a las políticas de conservación de la naturaleza que viene dando la Junta de Castilla y León resultan "evidentes". Desde "escándalos", según las ONG como el del proyecto de estación invernal de San Glorio a la tala ilegal y masiva de las Navas del Marqués; desde el incumplimiento reiterado de dictámenes judiciales que ordenan el cierre de minas a cielo abierto en León a las irregularidades en la implantación de parques eólicos en áreas de distribución de urogallos o el envenenamiento masivo contra los topillos; de la reciente denuncia realizada por el el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) contra al ex consejero de Medio Ambiente Francisco Jambrina por furtivismo al también reciente nombramiento de un imputado por presunto delito ambiental, Mariano Torre, como Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en León.
Por todo ello, y ante la "dejación" u "omisión" de funciones de que hace gala la Junta de Castilla y León, las ONGs ambientales decidieron solicitar al Gobierno de España que "retire las competencias en materia de conservación y vigilancia de especies amenazadas y de sus hábitats", en tanto esta Comunidad no presente garantías de disponer de los mecanismos adecuados para el cumplimiento, con arreglo a la Constitución, de dichas competencias con la imprescindible solvencia.
