Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 14/12/2010 15:55
El sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León Stecyl-i) ha mostrado hoy "su más rotunda oposición" a la puesta en marcha de la universidad privada Universidad Internacional de Castilla y León, con sede en Burgos, cuya ley de creación se debatirá en el Pleno de las Cortes.
En un comunicado del sindicato recogido por Europa Press, Stecyl-i ha asegurado que esta decisión "interesada e injustificable en un momento de implantación del proceso de Bolonia, con una profunda crisis y unos recortes insoportables en los presupuestos destinados a las instituciones universitarias parece una provocación a la sociedad y a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid".
Asimismo, Stecyl-i se suma al informe desfavorable sobre la creación de esta universidad emitido por el Consejo de Universidades y las consideraciones realizadas por los rectores de las instituciones universitarias públicas.
Para el sindicato, la creación de esta nueva universidad privada, no presencial y on line, "no se justifica por razones académicas puesto que la demanda de estudios que ofrecerá ya está cubierta" con las ocho universidades públicas y privadas, las titulaciones y materias que pedirán impartir ya se encuentran en el mapa de titulaciones de Castilla y León o pueden ponerse en marcha por las universidades públicas "en condiciones de mas garantía de calidad".
Además, Stecyl-i aseveró que "no sería de recibo el que está Universidad on line pudiera impartir títulos propios, más cuando en esta modalidad no existe hasta el momento una suficiente legislación", además de que sería "intolerable" conceder a una universidad privada la denominación de 'Universidad Internacional de Castilla y León' ya que supondría "despreciar" la identidad, vinculación con la Comunidad Autónoma, dimensión y prestigio internacional de las que son las universidades públicas.
Por ello, el sindicato reclama a los partidos políticos con representación en las Cortes que ejerzan "su responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos" de Castilla y León y no se "sometan a los intereses privados y particulares de sus promotores".