LEÓN, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
El coordinador y portavoz de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en León, Adrián Álvarez, solicitó regresar al Plan Bolonia "original" para crear un espacio con "menos trabas" que las actuales para cuestiones como cambiar de lugar de estudios y adquirir una experiencia internacional que enriquezca la salida profesional de los estudiantes o de los profesores.
"Consideramos que el Espacio Europeo de Educación Superior es una idea muy buena, una forma de cohesionar una ciudadanía europea, una buena forma de que perdamos el miedo a considerarnos europeos, pero pedimos una revisión, volver al Bolonia original para crear un espacio con menos trabas de las que hay ahora mismo", puntualizó en declaraciones a Europa Press.
La propuesta de UPyD para el Espacio Europeo de Educación Superior (EESS) pasa por adoptar medidas "urgentes" para "rectificar" los efectos del desarrollo actual del proceso de Bolonia e iniciar un debate político y académico.
Al respecto, la formación política realizó recientemente un comunicado en el que explicó que la integración en el EEES "no exige modificar por completo" el sistema universitario, ni en la estructura y contenido de los títulos ni en los métodos de enseñanza.
"Se ha engañado interesadamente al universitario español con la supuesta e inevitable necesidad de reorganizar enteramente la vida docente, haciéndola cada vez más semejante a las formas fracasadas de la Enseñanza Secundaria. Dada la experiencia de cambios constantes que la Universidad tiene sobre sí, semejantes pronósticos solo engendran el escepticismo y la indiferencia", puntualizó.
"GENUINO" ESPACIO UNIVERSITARIO ESPAÑOL
Además, en dicho documento UPyD demandó la creación de un "genuino" espacio universitario español como "paso previo e indispensable" para la incorporación al Espacio Universitario Europeo, algo que implica "revisar a fondo" la autonomía universitaria con separación entre la gestión económica y administrativa y la académica y científica; revisar la financiación y administración de las universidades y revisar el catálogo de titulaciones.
El objetivo de estas peticiones es facilitar la movilidad de docentes y estudiantes entre las distintas universidades españolas y homogeneizar las titulaciones impartidas.
Por otra parte, UPyD solicitó que el criterio a la hora de realizar el diseño de los planes de estudio debe ser el contenido "objetivo" de los ámbitos de conocimiento respectivos "en su estado actual".
"Las agencias de acreditación no deben imponer como criterio de calidad de una titulación la financiación externa empresarial, o el número de profesionales no universitarios en su plantilla de profesores. Nada hay que objetar a la obtención de recursos privados para la investigación, incluso para el apoyo de algún curso, pero en modo alguno la calidad de una docencia o una investigación puede establecerse a priori por el criterio de disponer de recursos privados", precisó.
Además, planteó la necesidad de eliminar las exigencias arbitrarias en los currículos universitarios como la inclusión obligada de materias "políticamente correctas" o como los "estudios de género" o "multiculturales".
Por otra parte, exigió impedir la exportación a la Universidad de algunos criterios pedagógicos que "han fracasado" en la enseñanza Primaria y Secundaria.
"APROVECHAR" EL CAMBIO DEL CRÉDITO EUROPEO
Igualmente, UPyD propuso "aprovechar" el cambio que introduce el crédito europeo de centrar el cómputo de horas en el trabajo del estudiante para "remover ciertas inercias que lastran la enseñanza universitaria" como la preponderancia en la práctica docente de la clase magistral y el aprendizaje de apuntes; introducir formas docentes y de trabajo del estudiante necesarias para mejorar el rendimiento o aumentar el nivel de exigencia a los alumnos y profesores.
Dado que el crédito europeo exige una "dedicación exclusiva al estudio", en su opinión hay que garantizar un sistema de becas y créditos "suficiente", que permita al estudiante emplear en su trabajo las horas que el crédito exige.
Finalmente, la formación política solicitó la aprobación de una legislación universitaria válida para, al menos, un periodo de 20 ó 25 años con el fin de "librar" a la universidad de las "constantes peticiones de cambio" de los planes de estudio, el catálogo de titulaciones, los sistemas de contratación o el acceso a la docencia.
