BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -
La mayoría de los siete acusados del caso Adigsa de supuesto fraude en planes de vivienda de la empresa de la Generalitat buscan un pacto un pacto para admitir los hechos y rebajar las penas a las que se enfrentan este martes, día previsto para que empiece el juicio en la Audiencia de Barcelona, que se retrasa por esta razón.
Según han explicado fuentes judiciales, el mayor escollo es que uno de los acusados --José Antonio Salguero-- es reacio al acuerdo, mientras que los otros seis están más abiertos, lo que podría provocar que sólo se juzgara al único que no pacte, mientras que el resto de librarían, admitiendo penas inferiores a las que pedía el fiscal inicialmente.
Cuatro cargos públicos y tres empresarios se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel por el presunto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda social para jóvenes promovidos por Adigsa.
La Fiscalía pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco para el supuesto falso técnico Jose María Penin; ambos, militantes de CDC.
Según el fiscal, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la "extraña intervención" de Penin como supuesto técnico externo para decidir la adjudicación a empresarios de obras de rehabilitación en los pisos destinados a vivienda joven: las adjudicaciones se hacían a medida y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados.
Los acusados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda --encabezado por Penin y secundado por Sala y el jefe del área ténica de Adigsa, Jordi Huguet--, con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados: José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.
