El Ayuntamiento de Tarragona decidió finalmente desestimar la construcción del parking inteligente de Jaume I, en el casco histórico, y optará por hacerlo convencional, después de las dificultades que tuvo con la empresa adjudicataria de la robotización, Sistemas Alem, que se encuentra en concurso de acreedores.
El alcalde, Josep Félix Ballesteros (PSC), expuso hoy esta decisión tras estudiar el informe de viabilidad que había encargado el consistorio a la empresa Àgora Europe SC Consulting & IT Solutions.
En éste se constata que la construcción del parking robotizado es "inviable" económicamente ya que supondría una inversión adicional de cerca de siete millones de euros con pérdidas de entre 200.000 y 400.000 euros anuales de costes operativos.
La obra, si se llevara a cabo, tendría un plazo de finalización de 18 meses y "nunca" sería rentable. Las plazas que se construirían serían 250 como máximo, y el tiempo de espera para recoger el vehículo el horas punta sería de cinco horas.
Por contra, un parking convencional, de acuerdo con el informe, supone una inversión nueva de alrededor de unos cinco millones de euros, con 350 plazas y un plazo de obra de unos dos años. Además, la gestión la asumirá la empresa municipal de aparcamientos y se calcula que la explotación no será deficitaria.
El parking de Jaume I se adjudicó por el anterior equipo de gobierno (CiU y PP) en marzo de 2002 por unos cuatro millones de euros y una previsión de 600 plazas a la UTE formada por el Ayuntamiento y Sistemas Alem. Las obras empezaron en junio y los principales problemas afloraron a partir de 2006, fecha prevista de inauguración, cuando Sistemas Alem se declaró insolvente.
A finales de año, el ayuntamiento decidió llevar el caso a los juzgados y el Tribunal Arbitral condenó a la empresa a pagar 5 millones de euros al consistorio por los perjuicios ocasionados. Las obras llevan paradas desde el 22 de febrero.
SIETE VECES MÁS CARO
Los problemas detectados durante su construcción y las irregularidades que le han afectado hacen que el coste final de la instalación ya supere los 30 millones de euros, siete veces más caro que el presupuesto de adjudicación.
Por ello, Ballesteros anunció que se creará una comisión de análisis técnico para depurar responsabilidades políticas de este "desaguisado" que, según él, "la ciudad pagará durante más de 20 años".
Entre los fallos detectados por Ágora se destaca la inexistente coordinación entre los proveedores y la falta de una visión global del proyecto y de un modelo, ya que los temas "se resolvían de forma puntual e individual".
Por lo tanto, actualmente si se quisiera hacer como el proyecto inicial, es decir, robotizado, faltaría finalizar el software, adecuar las torres de almacenaje, adecuar la red viaria y efectuar las instalaciones eléctricas y el sistema de control de los ascensores.