BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pleno de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición de BComú para instar al Gobierno central a regular el mercado privado de alquiler para impedir subidas de precios "indiscriminadas" y una nueva burbuja inmobiliaria, o bien que dote a los ayuntamientos de autonomía y capacidad para vincular el incremento de los precios de alquiler con los niveles de renta de la población.
También pide medidas fiscales que fomenten el mercado de alquiler asequible y reforzar programas que apoyen a personas y familias que tienen dificultades para pagarlo, e insta a la Generalitat a promover cambios en el marco normativo para relacionar este precio del alquiler a la renta y las características de su vivienda y su barrio, medidas que han contado con el apoyo de todos los grupos excepto del PP, que ha votado en contra, y de C's, que se ha abstenido.
El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha recordado que los precios del alquiler subieron un 6,8% en 2015 en la ciudad, ha criticado que la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos haya fijado contratos a tres años y ha destacado que el Gobierno de Ada Colau ha evitado 700 desahucios a través de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer) en seis meses.
El concejal de CiU Jordi Martí ha dicho compartir el análisis general y las estrategias con el Gobierno municipal, y ha destacado que han votado a favor "en la línea de instar al Estado, que es quien tiene la mayoría de competencias para hacer un conjunto de acciones para lograr estos objetivos".
La republicana Trini Capdevila ha coincidido en criticar la "indiscriminada subida de los precios del alquiler", mientras que la concejal Carmen Andrés (PSC) ha pedido a las administraciones que se impliquen.
Maria Rovira (CUP) ha pedido que el Gobierno municipal presente políticas efectivas de vivienda, mientras que Koldo Blanco (C's) ha exigido que, "antes de instar a otras administraciones, el Ayuntamiento haga sus deberes" y promueva medidas como el uso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para favorecer que los pisos sean principalmente residenciales.
El concejal popular Javier Mulleras ha dicho que la medida es una "cortina de humo" y ha asegurado que en lo que va de año se han producido 340 desahucios en la ciudad, ante lo que Montaner ha replicado que están trabajando y que tienen una inversión prevista de 80 millones al año para nueva vivienda de alquiler social y que han obtenido 550 pisos vacíos de los bancos.
PISOS TURÍSTICOS
El pleno también ha aprobado una proposición que ha presentado el líder municipal de ERC, Alfred Bosch, que ha pedido un plan para acabar con las viviendas de uso turístico ilegales en un año, aumentar la capacidad inspectora e imponer nuevas tasas e impuestos para autobuses turísticos y embarcaciones de cruceros, que ha contado con los votos a favor del CiU, ERC y la CUP, mientras que el Gobierno municipal --BComú y el PSC-- se han abstenido, y C's y PP han votado en contra.
El concejal de Turismo, Agustí Colom, ha aseverado que se necesita un procedimiento administrativo más ágil, y el segundo teniente de alcalde y líder del PSC municipal, Jaume Collboni, ha pedido a Bosch que "pase de las proclamas a la acción", y ha remarcado que el Gobierno trabaja en un modelo turístico competitivo y justo.
Sonia Recasens (CiU) ha pedido continuar con la "lucha" ante la actividad ilegal; el concejal de C's Paco Sierra ha asegurado que los efectos negativos del turismo no se combaten con tasas e inspecciones; Alberto Fernández (PP) ha pedido más inspección y colaboración con la Guardia Urbana, y la edil de la CUP Maria José Lecha ha subrayado que las medidas de inspección y sanción no son la panacea, según ella.
