TERRASSA (BARCELONA), 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Una decena de organizaciones empresariales han interpuesto una denuncia a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea contra el Gobierno central, al considerar una ayuda de Estado ilegal la estructura tarifaria de peajes de acceso a las redes eléctricas.
En un comunicado, han señalado que "contraviene" el artículo 107 del Tratado Fundacional de la Unión Europea, y la abogada coordinadora del equipo jurídico que ha elaborado la denuncia, Asun Cirera, quien también gestionó otra igual en Bruselas sobre el almacén de gas Castor, ha afirmado que cumple los requisitos para que se abra una investigación.
En este sentido, ha detallado cinco aspectos: tiene origen en el Estado, supone una ventaja, es selectiva, afecta a la competencia y a los intercambios entre estados miembros, y no tiene que ser compatible con el mercado único.
Según han precisado estas organizaciones empresariales, "desde hace años existe una discriminación territorial" en los costes de electricidad por la estructura tarifaria de los peajes de acceso a la red eléctrica y que los diferentes ejecutivos no han corregido, y con la reforma, firmada entre PP y PNV para la aprobación de los presupuestos de 2017, se agrava esta desigualdad existente.
Han detallado que esta modificación consiste en suprimir la tarifa 6.1B para englobar las tensiones de 30 a 36 kilovatios a la tarifa 6.2 y esto "comporta una notable disminución del coste de adquisición" de la electricidad para compañías ubicadas en determinadas zonas de España, sobre todo del País Vasco, según datos de la plataforma kV25/30, perjudicando a 3.277 de las 4.450 que hay en Catalunya, además de otras de Aragón y Extremadura.
La decena de empresas que firman el documento han asegurado que tanto esta reforma como la anterior, que establecía por ley un nuevo rango tarifario para tensiones de entre 30 y 36 kilovatios, "es una decisión puramente política" y que no había criterio técnico para avalar estar distinción entre tensiones de entre 1 kilovatio a 30 y de 30 a 36.
Las empresas denunciantes, que representan los intereses de más de 50.000 firmas, de las cuales 500 son usuarias de la electricidad, son la Associació d'Empreses i Propietaris de Can Roqueta (AEPCRO), Cecot, Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), Centre Metal·lúrgic, Confederació Catalana de la Fusta, Federació Empresarial del Metall, Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, l'Institut Industrial Tèxtil, RETAILcat-Unió d'empreses del Retail a Catalunya y la Unió Empresarial Metal·lúgica.
