BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
Fiscalía ha mantenido al término del juicio la petición de dos años de cárcel que pedía para el exsecretario de Organización del PSC Daniel Fernández, el exalcalde de Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos; su hermano y concejal, Francisco Bustos, y para la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), María Elena Pérez, por un supuesto 'enchufe' en este ayuntamiento.
En sus conclusiones durante la última sesión del juicio este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha reiterado que Fernández y los hermanos Bustos presionaron en 2012 a Pérez para contratar como directora del área territorial a la excargo del tripartito Carmina Llumà, aunque había sido declarada 'no apta' por la empresa seleccionadora.
Según el fiscal, Pérez cedió a la presión y "cambió de criterio", con lo que, a su vez, supuestamente ella presionó después a los técnicos para rebajar las exigencias de los procesos de selección, con el fin de que Llumà fuera la elegida.
El fiscal ha recordado, entre otras, la llamada telefónica intervenida en la que Fernández dice a Bustos sobre el proceso de selección: 'Que cojan a la empresa y al 'no apta' le quiten el 'no', lo que considera un claro caso de tráfico de influencias.
La versión del abogado de Fernández y de Manuel Bustos, Cristóbal Martell, es distinta: considera que fue una sobreactuación del entonces secretario de Organización del PSC para aparentar un poder que no tenía y "ponerse una medalla", pero considera que la alcaldesa ya tenía la decisión tomada.
No cree que hubiese presiones, sino que Bustos y la alcaldesa "simplemente se vieron --a la salida de un teatro en Sabadell-- y opinaron igual", tal y como explicó Pérez en su interrogatorio, cuando defendió que no le había pedido ayuda para lograr el puesto.
VISTO PARA SENTENCIA
"El problema de Montcada se llama urbanismo. Es un problema gravísimo, lo sabe toda Catalunya, y quisieron fichar a una 'crack", ha defendido el letrado, mientras que la abogada de Pérez, Débora Quintero, ha insistido en que la decisión de Pérez fue impecable y sin presiones.
La fiscalía también pide para los acusados su inhabilitación para cargo público: seis años para los hermanos Bustos y Dniel Fernández, y ocho en el caso de la alcaldesa María Elena Pérez.
Ninguno de los cuatro acusados han querido hacer uso de su derecho a la última palabra y tampoco han querido hacer declaraciones a los medios a su salida del juicio sobre esta pieza separada del caso Mercurio, que ha quedado vista para sentencia.
