El Gobierno debatirá con la sociedad civil el nuevo modelo de financiación de infraestructuras viarias

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 20 septiembre 2018 12:19

   Saura confía en obtener el respaldo de los grupos para crear una subcomisión en el Congreso

BARCELONA 20 (EUROPA PRESS)

   El secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Pedro Saura, ha asegurado este jueves que es necesario un nuevo modelo de financiación de infraestructuras viarias, si bien ha declinado dar detalles sobre la postura del Gobierno hasta abordar con la sociedad civil un debate "abierto y franco" al respecto.

   Así lo ha dicho Saura en declaraciones a los medios tras su intervención en la jornada 'Autopistas, autovías y carreteras: futuros modelos de gestión', donde ha recordado que el grupo socialista ha planteado una subcomisión en el Congreso de los Diputados para abordar este tema, pero para la cual todavía no hay fecha porque debe contar primeramente con el respaldo de los grupos y aprobarse.

   El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró en junio que la autopista AP-1 Burgos-Armiñón se liberará de su actual peaje el próximo 30 de noviembre, y preguntado por si esto supondrá un precedente para las concesiones que empezarán a vencer próximamente en Catalunya, Saura ha insistido en la necesidad de abordar el debate en el Congreso.

   Durante su intervención, el secretario de Estado ha destacado que la política de infraestructuras en España ha sido "muy inestable y procíclica", por lo que es necesaria una visión a largo plazo que priorice las infraestructuras en función de la demanda, ya que ha indicado que muchas veces las prioridades de las administraciones no se corresponden con la demanda real.

   Ha afirmado que España no dispone de un sistema homogéneo de financiación de infraestructuras viarias, ha indicado que menos del 22% de las vías de alta capacidad son de peaje y no están homogéneamente distribuidos: "Los peajes se concentran en una zona y esto hace que no sea estable".

   Ha puesto también el acento en el mantenimiento y la conservación, que han experimentado un deterioro por la caída de la inversión pública, ya que ha apuntado que sólo en carreteras se ha acumulado un déficit inversor entre 2012 y 2017 de cerca de 2.000 millones de euros, por lo que ha considerado urgente volver a recuperar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 los 1.200 millones en el programa de conservación y explotación de carreteras.

   "Vivimos un momento importante en la historia en el que acaba un modelo que no es estable porque es asimétrico en el territorio, y para todo ello necesitamos a la sociedad civil para que nos ayude a tomar decisiones", ha aseverado.

RACC Y CONSEJO ASESOR

   Previamente a Saura, han abierto la jornada el presidente del Racc, Josep Mateu, y el presidente del Consejo Asesor de Infraestructuras de Catalunya, Francisco Gutiérrez, que han coincidido con el secretario de Estado en la necesidad de implementar un nuevo modelo en todo el país, que cuenta con 17.000 kilómetros de vías de alta capacidad, situándose como el primer parque de Europa y seguido por Alemania y Francia.

   "El final de las concesiones nos debe llevar a un nuevo modelo de financiación que esperamos que sea mejor", ha afirmado Mateu, que ha añadido que este nuevo sistema debe aportar recursos suficientes para el mantenimiento de la calidad de las carreteras e infraestructuras, ya que ha asegurado que de ello depende la seguridad de las personas y la competitividad del país.

   En este sentido, ha lamentado que el gasto en mantenimiento ha sufrido una caída del 50% en la última década respecto a los valores precrisis, y ha afirmado que el nuevo modelo no puede representar una carga adicional para el usuario: "Queremos un modelo justo, simple y equilibrado territorialmente".

   Por su parte, Gutiérrez ha defendido que "quien contamina paga" y ha apostado por un acuerdo entre las administraciones titulares de las vías de alta capacidad para crear un órgano gestor en cada comunidad autónoma que se encargue de gestionar el cobro del cánon de explotación, que debe servir para la mejora de las carreteras y el transporte.