Ve irregularidades en las memorias, en la facturación y una justificación "deficiente"
BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona que investiga un presunto fraude de unos dos millones de euros en la Diputación de Barcelona en las subvenciones para cooperación al desarrollo considera que, del examen de los expedientes administrativos, se desprende "un incumplimiento bastante grosero del procedimiento administrativo".
El juez hace una exposición de los indicios recabados del análisis de las subvenciones otorgadas y constata que los expedientes tienen "irregularidades que permiten pensar en una concesión directa de fondos públicos para actividades privadas o para fines públicos diferentes y ajenos a los de cooperación al desarrollo internacional de comunidades pobres".
Los beneficiarios fueron Voltia Solutions SL; Fundación Catmón, fundada por el detenido Víctor Terradellas; Asociación Acción Solidaria Igman, fundada también por Terradellas; la Asociación Economía y Cohesión Social para el Desarrollo (Honduras); Municipalidad del Cantón central de San José de Costa Rica, IGFA SA, Sestrategic i Konsector SL, de Joaquim Ferrer, exdirector del Departamento Internacional de Pimec, también investigado; Fundación Privada Utopía; Fundación Plataforma Educativa; Pimec; Fundación Privada Empresa y Clima, y Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber).
Por ejemplo, se realizaron pagos de subvenciones dos años antes de que el proyecto se aprobara; se iniciaron los expedientes sin haber entregado los borradores de varios de los proyectos; se presentaron la factura antes de la entrega del trabajo; se justificó la adjudicación con fórmulas generales; no se aportó memoria técnica ni propuesta económica y no se entregó el trabajo en el plazo establecido.
MEMORIAS COPIADAS
El instructor apunta a que las memorias presentadas por los perceptores de las subvenciones son, en varios casos, "fraudulentas pues no son más que meras copias de documentos que pueden hallarse libremente en Internet", según indica la Unidad de Delincuencia Económica (Udef), con citación de la URL de donde han sido copiados, o bien conocimientos genéricos que pueden obtenerse de varios manuales.
Resalta que algunas entidades perceptoras fueron creadas poco antes de otorgarse la subvención directa, y "carecían de cualquier tipo de experiencia en cooperación al desarrollo", y pone de ejemplo a Voltia Solutions SL.
Además, critica que la justificación de la subvención "es sumamente deficiente o se presenta después de percibir la subvención íntegra, de tal modo que parece una mera apariencia documental para cubrir el trámite burocrático" y que algunas personas recibieron varias subvenciones utilizando diferentes identidades (por ejemplo, como persona física y como entidad sin ánimo de lucro), infringiendo el tope de 18.000 euros por entidad.
En la investigación se ha detectado que los participantes que debían asistir a actividades de un proyecto en el extranjero viajaban con billetes de avión cuyos horarios no les permitían estar en el lugar de la actividad o casos donde los concernidos por el proyecto no participaron y lo hicieron otros.
PRESIÓN A TÉCNICOS
Los investigadores constatan indicios de que los técnicos de la Diputación de Barcelona pudieron ser presionados por el exdirector de Relaciones Internacionales de la Diputación Jordi Castells, detenido en la operación, para que emitieran informes favorables al otorgamiento de ciertas subvenciones, a pesar de su dictamen inicial en contra.
Así consta en un informe de la Agencia Catalana de Salud incorporado a las actuaciones a raíz de una denuncia sindical sobre presiones a los técnicos de la Diputación de la oficina de Cooperación, recoge el juez.
El magistrado investiga los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según detalla.
En la operación de este jueves, que ha contado con la intervención de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad organizada de Barcelona, la Udef ha coordinando un dispositivo policial de 500 policías, ha llevado a cabo actuaciones en Barcelona, Mataró, Manresa, San Cugat del Vallès y Arenys de Mar (Barcelona), Girona, Falset, Reus, (Tarragona) con 19 registros en despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, en la sede de fundaciones y asociaciones (Catmón e Igman), en diversas empresas así como en los domicilios de los principales miembros de la organización, ha informado la Fiscalía Anticorrupción.
