BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Borredà (Barcelona), Joan Roma (PSC), se enfrenta en un juicio previsto para este jueves en la Audiencia de Barcelona a 13 años y un mes de cárcel por presuntamente haber vendido a una empresa privada una antigua fábrica, patrimonio del Consistorio, falsificando documentos para ocultar que no había conseguido la mayoría suficiente en el pleno para efectuar la venta.
Según la calificación fiscal recogida por Europa Press previa al juicio, la fábrica textil de 1923 fue adquirida por el consistorio en 1993 --la calificación no especifica la cantidad-- y en 2001 se la vendió a la empresa Tejidos Decorativos por 12 millones de pesetas (72.121 euros).
La finca, cuya parcela tenía 1.763 metros cuadrados, contaba con una nave industrial de dos cuerpos y un taller soterrado con una superficie total construida de 1.400 metros cuadrados, y la empresa textil la vendió a terceros en 2006 por 285.000 euros.
El alcalde hizo en 2001 la propuesta de venta en pleno municipal y solo consiguió tres votos de siete, sin alcanzar la mayoría absoluta que el Reglamento de Patrimonio de los Bienes Locales requería para ventas cuyo importe fuera superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal --establecido aquel año en 73 millones de pesetas--.
El escrito destaca además que no se había tramitado ningún expediente donde algún técnico municipal determinara si el precio establecido era el correcto ni se había obtenido el informe previo favorable para hacer la venta por parte de la Dirección General de la Administración Local del Consellería de Gobernación de la Generalitat.
Según el fiscal, el alcalde, junto con el secretario municipal en funciones --ya fallecido--, otorgó ante notario la escritura pública de venta directa de la finca a favor de la empresa de tejidos y aportó la certificación de que la venta se había aprobado en pleno por mayoría absoluta.
Después, presuntamente, volvieron a presentar otro documento falso del pleno municipal para remitirlo a Gobernación, simulando que seguían el trámite que no habían realizado, pero el departamento no emitió informe en el expediente que abrió a tal efecto, ya que la venta ya se había realizado, por lo que el alcalde pidió que le devolvieran el documento falsificado "en el plazo más breve posible".
Pese a ello, volvieron a falsificar un documento que acreditaba que el departamento aprobaba la venta para inscribirla en el Registro de la Propiedad.
El Ministerio Fiscal pide para el alcalde 13 años y un mes por delitos de prevaricación y delito continuado de falsedad de documento oficial cometido por autoridad pública y para los dos concejales que votaron a favor en el pleno 8 años y seis meses de prisión por un delito de prevaricación.
