Millet.- El expolio del Palau de la Música llegará a juicio el 1 de marzo

 

Millet.- El expolio del Palau de la Música llegará a juicio el 1 de marzo

Felix Millet y Jordi Montull
EUROPA PRESS
Publicado 20/02/2017 17:16:25CET

   Hay 16 acusados que se enfrentan a penas de 3 a 27 años de cárcel

   BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La sección décima de la Audiencia de Barcelona juzgará a partir del miércoles 1 de marzo el expolio del Palau de la Música por parte del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, para quienes el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pide 27 años y seis meses de cárcel.

   Según el guión del juicio, que está previsto que dure hasta el 27 de junio con un total de 55 sesiones, el 1 y 2 de marzo se destinarán a las cuestiones previas que planteen las partes, y no empezarán los interrogatorios a los 16 acusados hasta el miércoles 8 de marzo, que se enfrentan a penas de entre tres y 27 años.

   Ese día está previsto que empiece a declarar Fèlix Millet, y a continuación sea Montull, hasta un total de 16 acusados, entre los que están la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a quien le piden 26 años de prisión, y la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano, para quien el Ministerio Público pide nueve años y seis meses.

   También está entre los acusados el extesorero de CDC Daniel Osàcar por los presuntos cobros de comisiones del partido a constructoras a través de la institución cultural.

   El fiscal considera que el partido suscribió un "pacto criminal estable" con la constructora Ferrovial a la que presuntamente le facilitó la concesión de obras públicas a cambio de comisiones ilegales, que supuestamente se camuflaron a través del Palau de la Música y que superaron los 6,6 millones de euros.

   Las declaraciones de los acusados concluirán el 17 de marzo y entre el 20 y 22 será el turno de los responsables civiles, entre los que está CDC a título lucrativo.

HAY 115 TESTIGOS

   A partir del 24 empezarán los testigos, en total 115, entre ellos la presidenta del Palau, Mariona Carulla, y el que fue nombrado director general tras el registro de los Mossos d'Esquadra, Joan Antoni Llinares, y el que era gerente del Orfeó Català, Jordi Vivancos.

   También declararán como testigos el extesorero Pau Durán, el exsecretario de la Fundación Palau de la Música Joan Segura y la secretaria de Millet Elisabeth Barberà.

   Otros testigos serán los arquitectos de la ampliación del Palau Óscar Tusquets y Carles Díaz, y el extesorero de CDC Andreu Viloca --imputado en el caso 3%--.

   También pasarán por el juicio otros testigos como el portavoz de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y los exconsellers Felip Puig, Joaquim Nadal y Pere Macias.

   Una vez concluyan todas las testificales y las periciales, para todo el mes de junio se reservan las conclusiones, los informes y el turno de última palabra de los acusados.

ENTRAMADO

   Para el fiscal, el entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

   Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios" --desde su incorporación como directa financiera en 2003--, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

   "Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

   Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.

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