BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha defendido este viernes que los servicios jurídicos de la Generalitat han decidido sumar al Govern a la causa contra Artur Mas por el 9N por iniciativa propia, y no obligados por el Estado.
Lo ha dicho en rueda de prensa para valorar los acuerdos del Consejo de Ministros, donde ha asegurado que el artículo 155 de la Constitución no ha influido en el cambio de criterio de los letrados: "No tiene una relación directa. Es un acuerdo se toman los servicios jurídicos de la Generalitat".
Sí que ha precisado que, una vez establecido el cambio de criterio, la decisión se ha tomado "de acuerdo con los responsables del Gobierno central que tutelan todas las decisiones de la Generalitat durante el 155", que lo han visto con buenos ojos.
El origen de esta causa se sitúa en una demanda interpuesta ante el Tribunal de Cuentas por Societat Civil Catalana y Advocats Catalans per la Constitució, ha recordado Millo, y la Generalitat se ha sumado a ella ahora, cuando en un principio no lo había hecho.
El delegado del Gobierno ha defendido que la del 9 de noviembre fue una consulta "ilegal" y que, por lo tanto, es lógico que se busque restablecer los fondos públicos con los que se sufragó y que la justicia sitúa en los 5,2 millones de euros.
Ha recordado que la demanda por malversación afecta a Mas, pero también a los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, y también a los altos cargos de entonces Jordi Vilajoana, Lluís Bertran, Josefina Valls, Ignasi Genovés y Jaume Domingo.
