BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo del PSC en la Diputación de Barcelona ha negado este lunes las acusaciones del blindaje de los sueldos y ha defendido que aplicó unas "garantías" a todo personal funcionario y laboral que era cesado, una práctica que ha defendido que ha sido legal, transparente y avalada por un decreto de 1997 que la Generalitat dictó para sus trabajadores.
En un comunicado, los socialistas reaccionan así a la investigación que ha abierto el nuevo equipo de gobierno del ente provincial que, con Salvador Esteve (CiU) al frente, trata de esclarecer si existieron irregularidades en estos salarios.
Asimismo, recalca que estas garantías, por las que funcionarios cobraban un plus durante un máximo de diez años posteriores a abandonar el puesto, se han aplicado durante 11 años con el conocimiento de todos los partidos y "sin ningún informe jurídico contrario".
Los socialistas recuerdan que siempre se informó al pleno de la Diputación de esta práctica, y se garantizó en todo momento la "transparencia" del procedimiento por el que se materializó.
El PSC, que asegura que todos era funcionarios de carrera y no diputados, precisa que en el mes de mayo --cuando perdió la mayoría en la Diputación en beneficio de CiU-- cobraban este complemento extra unos 50 trabajadores entre "personal técnico, administrativos y de jefes de unidad, sección y servicio".
Garantiza que "ningún miembro de la alta dirección" del gobierno anterior liderado por Antoni Fogué (PSC) ha percibido esta retribución salarial, y destaca que siempre se han seguido los procedimientos administrativos correspondientes.
MONTILLA NO FIRMÓ
El grupo del PSC también puntualiza que ninguno de los decretos relativos a estos salarios han sido firmados por el ex presidente de la Diputación y de la Generalitat José Montilla (PSC).
Por su parte, SI ha anunciado que llevará los ex presidentes de la institución Provincial Celestino Corbacho, Antoni Fogué y al propio Montilla ante la Fiscalía para denunciar el blindaje de los sueldos.
Los independentistas consideran que incurrieron, presuntamente, en delitos contra la administración pública y de malversación de fondos públicos.
