También de las ratios y perfiles para cada centro tras ver "carencias"
BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha pedido a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat que revise la situación laboral y los riesgos psicosociales de los educadores en los centros del sistema de protección de menores, tanto propios como concertados, tras detectar "carencias".
En un comunicado este viernes, ha alertado que unas condiciones inadecuadas pueden afectar a la atención y protección de los niños tutelados, por lo que ha propuesto que se definan las ratios y el perfil de los profesionales para cubrir las necesidades de cada centro.
Se trata de una resolución que ha emitido después de que el síndic haya constatado "carencias" en sus visitas, junto a la demanda del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales, las denuncias de los sindicatos CGT y UGT y los resultados de la evaluación de riesgos psicosociales en los centros propios encargada por la Dgaia en 2015.
En concreto, ha pedido que se revise, para cada centro, el número de profesionales, la categoría, las retribuciones laborales y, si hace falta, la ratio establecida por la Cartera de servicios sociales; adaptando cada ítem de acuerdo con las necesidades detectadas y expresadas por los profesionales.
También propone que la Administración actualice la evaluación de los riesgos psicosociales de las plantillas de todos los centros para poder identificar y determinar la situación de riesgo en la que se encuentran los profesionales, además de implementar mejoras sugeridas.
Ha asegurado que su intervención es garantizar los derechos de los niños y adolescentes, por lo que la labor de los profesionales tiene que ser "especialmente atendida y supervisada" por la administración y sus quejas deben ser escuchadas.
El síndic ha remarcado que uno de los aspectos de las quejas del colectivo es el "incumplimiento reiterado" de las ratios establecidas, que no se garantiza la supervisión y la formación adecuadas de los profesionales que atienden situaciones muy complejas, y que falta apoyo suficiente para gestionar problemáticas de salud mental, adicciones y otros trastornos de conducta.
PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES
El defensor recomienda que se provea a los profesionales de la formación y la supervisión necesaria, y se desarrolle e implante el modelo de apoyo asistencial y de atención en salud mental a los niños y adolescentes atendidos en el sistema de protección.
Según el síndic, también es necesario que se garantice la participación de los profesionales en el funcionamiento y la organización de los centros y se definan "más claramente" las labores directivas y organizativas.
El síndic ha recordado la figura de los educadores sociales como referentes, confidentes y actores de la acción educativa que se ofrece en los centros de protección, y ha remarcado que en ocasiones denuncian situaciones de posible mala praxis o maltrato, por lo que ha abogado por que lo puedan hacer con "garantía de indemnidad respecto a su puesto de trabajo".
