Borràs acusa al Gobierno de defender a los bancos por delante de las personas
BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)
La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat, Meritxell Borràs, ha anunciado que el Govern aprobará el próximo martes la nueva ley de emergencia habitacional que ha elaborado en los últimos meses, después de que este viernes el Tribunal Constitucional (TC) ha comunicado que mantiene la suspensión de la anterior Ley 24/2015, hasta que haya sentencia definitiva, argumentando que produce un perjuicio sobre el sistema financiero.
En declaraciones a los medios este viernes, ha acusado al Gobierno estatal de usar a los tribunales y ha asegurado que está "a punto" la nueva ley que sustituirá los artículos suspendidos, que ha pasado el trámite de exposición pública, y se llevará al Govern en la próxima reunión, que la pondrá en disposición del Parlament para que la apruebe.
El mantenimiento de la suspensión ha contado con tres votos particulares que se han opuesto a los ocho restantes del TC y que han discrepado con la suspensión porque creen que "no ha quedado acreditado que la inmediata aplicación de la Ley 24/2015 pueda acarrear más daño al interés general que el derivado de la contradicción denunciada con la legislación estatal".
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, emplazó en mayo a su Ejecutivo a crear una ley que sustituyera los artículos suspendidos de la Ley 24/2015, y en julio se compartió una propuesta de ley con administraciones locales y entidades, a la que ha dado "validez jurídica" el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) y el Consejo de la Abogacía Catalana.
"El Gobierno español todo lo que no gana en las urnas lo gana a través de los tribunales", ha afirmado, después de que éste impugnara los artículos de la ley que permitían imponer un alquiler social, hacer una mediación en casos de sobreendeudamiento y obligar a la cesión de viviendas por parte de grandes tenedores.
Borràs ha afirmado que los argumentos usados sitúan a la Generalitat "a las antípodas" del Gobierno central, porque mientras este defiende al sistema financiero, el Govern quiere priorizar defender a las personas vulnerables y que incluirá la defensa de los derechos de los ciudadanos en los ámbitos suspendidos en la ley anterior.
INTERÉS GENERAL
En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera que debe mantenerse la suspensión porque "existe un perjuicio cierto para el interés general que subyace en el buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero", y puede poner en peligro la reestructuración bancaria, como demuestran los informes del Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad.
