El principal acusado de apropiarse de varias ventas de propiedades murió antes del juicio
BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha condenado a tres meses de cárcel a la esposa del principal acusado de la estafa a los herederos del príncipe saudí Saad Bin Abdukaziz Bin Abdulrrahman Al-Saud y a indemnizarles con más de 47.000 euros.
Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la Sección Quinta de la Audiencia la condena por un delito continuado de receptación al haber usado fondos procedentes de una estafa, mientras que absuelve a los otros tres acusados.
De hecho, el principal acusado por esta causa era Agustín G.F., marido de la condenada, que falleció durante el procedimiento, quien desde 1976 mantenía una relación de amistad con el príncipe que le dio plenos poderes sobre ocho fincas y heredades en Catalunya.
Según la sentencia, a pesar de que la alteza saudí murió el 23 de julio de 1993, Agustín G.F., sin tener ningún mandato de los herederos, y con intención de obtener un "ilícito beneficio patrimonial" vendió dos pisos de la avenida Pearson por valor de 1,3 millones de euros y varias fincas y castillos por valor de 5,4 millones, ingresando ese dinero en una cuenta bancaria.
Posteriormente, este apoderado autorizó a su mujer, María Antonia R.T., ahora condenada, para que pudiera usar la cuenta, y con esos poderes ella dispuso de fondos y llegó a apropiarse de manera ilícita de 47.030 euros, sin bien absuelven a su hijo Agustín G.R. como responsable civil.
Así, según la sentencia, Agustín G.F. vendió varias propiedades sin conocimiento de los legítimos herederos "con la finalidad de obtener fondos para disponerlos en propio provecho" y su esposa, con conocimiento de dicho delito, se aprovechó de ello para destinar unos fondos a su propio enriquecimiento.
En cambio, no consideran probado que otra de las acusadas, Olga F.T., fuera cooperadora del delito de estafa en la compraventa de una finca con un castillo en Santa Maria d'Oló (Barcelona) ya que estiman que desconocía la muerte del príncipe saudí cuando compró esa propiedad.
Consideran que la elevada suma que costó adquirir la propiedad, hasta los 5,4 millones de euros, y el hecho de que ya hubiera abonado casi la mitad cuando empezó el procedimiento penal y se la advirtió de la posible estafa hacen "que difícilmente se la pueda considerar testaferro o persona de connivencia".
También rechazan un delito de insolvencia punible contra esta misma acusada y otro acusado que trabajaba para ella, Francisco C.F., porque no consta que intentaran "situar sus bienes fuera del alcance de las acciones que corresponden a los acreedores para la efectividad de sus créditos".
LEGÍTIMOS HEREDEROS
La Audiencia ha descartado la petición de las defensas de los acusados de la falta de legitimación del representante de los herederos del príncipe saudí, ya que esgrimían que ninguno de dichos herederos estaban al corriente de la causa y que por ello ni siquiera se habían presentado en el juicio.
El tribunal considera como prueba para tomar esta decisión la documentación aportada por dichos herederos, entre ellos un documento expedido por la Embajada de España en Arabia Saudí sobre su legitimidad como beneficiarios de la herencia del príncipe.
