Acusan a PP y PSOE de plegarse al interés de Marruecos con su defensa del Estatuto de Ceuta

 

Acusan a PP y PSOE de plegarse al interés de Marruecos con su defensa del Estatuto de Ceuta

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Actualizado 31/05/2017 17:40:28 CET

CEUTA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Ceuta solamente ha conseguido este martes el compromiso del PSOE de apoyar al Gobierno que preside Juan Vivas "en cuantas gestiones de orden político, legislativo y jurisdiccional pueda realizar en relación con la efectiva defensa" del Estatuto de Autonomía de 1995, que le dio un rango de Ciudad Autónoma que a juicio de los partidos localistas "no tiene encaje legal en la Constitución" y "es la clave que supone asumir y aceptar las tesis entreguistas a Marruecos, que quería y quiere que seamos un anacronismo al margen de la evolución del Estado".

El portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Juan Luis Aróstegui (Coalición Caballas), ha denunciado la "balada de traidores" que a su juicio entonan PP y PSOE cuando defienden la norma aprobada hace 22 años, "un Estatuto falso que en realidad es nuestro certificado de defunción porque nos convierte en una pieza extravagante".

"Somos la única ciudad del mundo sin aduana con un país extranjero, sin aguas jurisdiccionales, con un régimen administrativo distinto... ¿No perciben que se trata de aislarnos, de fosilizarnos hasta que seamos algo prescindible? ¿Vamos a ser a la vuelta de un tiempo un Peñón de Alhucemas gigante donde solo queden funcionarios?", ha interpelado al Ejecutivo de Vivas el político localista, defensor acérrimo de aplicar la Disposición Transitoria V de la Constitución que prevé que Ceuta pueda elevar su rango institucional al de Comunidad Autónoma, a lo que se niegan PP y PSOE.

El portavoz del Grupo Popular y consejero de Medio Ambiente, Emilio Carreira, ha defendido sin embargo que el Estatuto sigue siendo "bueno" porque "contiene todos los requisitos que establece la Constitución para las normas institucionales básicas para los entes autonómicos"; "fue tramitado y aprobado con el mismo procedimiento que el resto de los Estatutos"; y "dota a la Ciudad de plena capacidad de auto-organización".

"Esto no son las tablas de la ley y cuando consideremos que los instrumentos disponibles no son suficientes podemos cambiarlos pero mientras el Estatuto dé respuesta a nuestras necesidades no tiene mucho sentido remover una norma por removerla", ha argumentado Carreira, al que el PSOE ha exigido para brindarle su respaldo que someta previamente a debate en busca de "consenso" cualquier iniciativa política o legislativa.

El tercer grupo de la oposición, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), también ha reprochado al PP que renunciase a que Ceuta adquiriese el rango de Comunidad Autónoma a mediados de los noventa, cuando Carreira ha aseverado que estuvo de acuerdo con los motivos esgrimidos para no meter a la ciudad en un "gallinero" sin "consenso" de todas las fuerzas políticas.

"Tener un régimen administrativo diferenciado del conjunto del Estado al que se pertenece es uno de los requisitos de la ONU para definir una colonia y ustedes, con sus golpes de pecho y sus banderitas, están en el bando contrario, siempre con Marruecos", ha criticado Aróstegui, "pese a que de la época de Zapatero heredamos un concienzudo informe sobre posibles reformas de la Constitución que consideró insostenible la situación de Ceuta, por lo que habría que transformarla en Comunidad o incluir el concepto de Ciudad Autónoma en la Carta Magna".

El único diputado de Ciudadanos en la Asamblea, Javier Varga, se ha abstenido en la votación al considerar que la única ambición "autonomista" del PP pasa por "poder nombrar a quien quiera y a cuantos quiera para los puestos que quiera".

Tanto la formación naranja como el MDyC han judicializado recientemente la incorporación de dos no electos al Consejo de Gobierno, donde según interpretan de distintas sentencias solo pueden estar concejales con acta de diputados, como sucede en cualquier ayuntamiento.

Para el PP, "la norma de 1995 no ha sido una lápida sino una rampa de despegue que ha clarificado muchas cosas", ya que a su juicio "ser Comunidad Autónoma tampoco conlleva ningún anclaje definitivo a España, como prueban los casos vasco y catalán, sino la Constitución, que consagra nuestra integración como ciudad con Estatuto de Autonomía, tal y como está previsto en su Título VII".

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