VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
Alcaldes y concejales de los municipios de La Ribera (Valencia) afectados por la contaminación y los nitratos han acordado presentar un contencioso administrativo contra el nuevo plan de cuenca del Júcar aplicable desde 2016 por "la insuficiencia de los caudales asignados".
Los objetivos finales de esta iniciativa pasan por garantizar el derecho al agua libre de nitratos y pesticidas para el consumo humano en La Ribera, recuperar los recursos hídricos afectados por la contaminación y pagar un precio "justo" por el agua librando a los usuarios de la comarca de soportar económicamente el pago de las infraestructuras que han tenido que construirse para depurar las aguas, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
El plan de cuenca del Júcar contempla una asignación de diez hectómetros de aguas superficiales para la comarca y una reserva de otros 20, pero los municipios reclaman que la asignación sea de 30 porque con la actual se ven obligados a mezclar recursos hídricos del río con aguas de los pozos afectadas por nitratos y pesticidas. "Si este proceso no se llevara a cabo, sería imposible cubrir toda la demanda de agua de la población", sostienen.
Tal y como ha explicado en la reunión mantenida en el salón de plenos de Cullera el abogado de los municipios afectados, Abel Lacalle, la reserva no garantiza que esos caudales acaben en La Ribera porque "su uso dependerá en última instancia de una decisión política". Al respecto, ha señalado que otras zonas de la cuenca también disponen de reserva, que en caso de ser necesaria debería salir de excedentes.
Según el Ayuntamiento de Cullera, "la cuenca del Júcar es de por sí una cuenca deficitaria" y, en este sentido, ha señalado que "hay más reservas contempladas en el plan que agua disponible". En cambio, la asignación tiene un carácter "más técnico y sí garantiza que esa agua sea utilizada exclusivamente para abastecer a la comarca.
Los demandantes también estiman que el plan obvia el principio de que "quien contamina paga", contemplado en la legislación europea. En ese sentido, "el Gobierno hace recaer el coste derivado de las infraestructuras de potabilización sobre los usuarios de las redes de abastecimiento, que no son los causantes de la contaminación", advierten los consistorios, que consideran que esto es "injusto".
Además, consideran que el nuevo documento no garantiza las medidas suficientes para recuperar los acuíferos a pesar de reconocer que "las administraciones públicas no han hecho sus deberes en esta materia".
PLENOS MUNICIPALES
Tras la decisión adoptada este miércoles en Cullera por cargos municipales del PSPV-PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Units per València, ahora deberán ser los plenos municipales los que ratifiquen este nuevo litigio judicial contra la política hídrica del Gobierno. El anterior plan ya fue recurrido en su momento por los municipios ribereños.
Al encuentro de este miércoles han asistido los alcaldes de Cullera, Albalat de la Ribera, Polinyà de Xúquer, Benicull, Fortaleny y Llaurí, así como concejales de Sueca, Corbera, Carcaixent y Favara. También han estado presentes técnicos municipales y representantes de la empresa mixta Aigües de Cullera.
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que los distintos representantes públicos dan "una muestra más de que estamos defendiendo en bloque los intereses de nuestra comarca por encima de las siglas políticas, porque éste es un tema en el que hemos de ir todos juntos".
"TIEMPO NUEVO"
"En Cullera iniciamos simbólicamente un tiempo nuevo en la defensa del derecho de nuestros vecinos al agua de calidad y hoy en Cullera volvemos a dar un paso crucial en esa lucha", ha apostillado.
