Asegura que hay unas 55.000 solicitudes de afectados por las ayudas a la vivienda pendientes de resolver
VALENCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo alerta en su último informe de que se han incrementado "de forma notable" las aportaciones que realizan los usuarios de centros de día y residencias, tanto los atendidos desde el sistema de servicios sociales, como los atendidos desde el Sistema de Atención a la Dependencia.
Así lo recoge el informe anual de 2014 de la institución que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha presentado este miércoles al Congreso y al Senado, y que señala que en la Comunitat han sido "numerosas" las quejas por los incrementos de la aportación económica, que ha supuesto para los usuarios de centros de día y residencias la aprobación del Decreto 113/2013, de 2 de agosto, por el que se establece el régimen y las cuantías de los precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales.
Asimismo, se refiere a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anuló el decreto del Consell sobre precios del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados, al estimar el recurso presentado por el Comité Ejecutivo del Cermi-CV contra el Decreto 113/013 de 2 de agosto del Gobierno valenciano.
No obstante, esta sentencia no es firme, por haber sido recurrida en casación por la Generalitat, de modo que "se siguen cobrando las cuantías fijadas en enero de 2014". Por ello, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación, orientada a que se dejen sin efecto las liquidaciones practicadas sobre las que se harán las consideraciones pertinentes en el próximo informe, ya que tuvieron salida en los primeros días de 2015.
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES
Por otro lado, el informe de la institución indica que, como en ejercicios anteriores, persisten las demoras en el proceso de valoración y reconocimiento del grado de dependencia, especialmente en las solicitudes de revisión por agravamiento y en el procedimiento de elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) para determinar y asignar los servicios del catalogo o las prestaciones económicas más adecuadas.
Al respecto, puntualiza que algunas autonomías, como la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, "manifiestan expresamente que la falta de crédito disponible impide el reconocimiento de prestaciones".
En esta línea, añade que la demora en la tramitación de los procedimientos de solicitudes y de recursos de alzada es "especialmente alarmante" en la Comunitat, además de en otras autonomías como Murcia, Andalucía y Madrid, circunstancia que motivó, ya en el pasado ejercicio, "la formulación de recordatorios sobre el deber legal de resolver las solicitudes formuladas de forma expresa y en los plazos previstos.
En 2014 esta institución se ha dirigido a la Conselleria de Bienestar Social de la Comunitat Valenciana, formulando en varias ocasiones recordatorios de esta naturaleza. Por su parte, la Generalitat, que mostró en 2013 su "criterio favorable" a asumir el recordatorio del deber legal de resolver en forma y plazo, ha aludido a la imposibilidad de hacerlo "por falta de crédito".
En materia de Renta Garantizada de Ciudadanía, Becerril señala en su informe que la Comunitat Valenciana "ha visto desbordados sus servicios a la hora de tramitar los expedientes", y también ha detectado "falta de disponibilidad presupuestaria".
El Defensor del Pueblo formuló un recordatorio sobre "el deber legar de resolver en tiempo y forma", a la vez que se solicitaba información sobre las posibles soluciones para evitar tales demoras. La Conselleria de Bienestar Social, por su parte, indicó que una de las medidas que se está adoptando para solucionar las demoras en la tramitación de la renta es la modificación de la Ley de Servicios Sociales.
Asimismo, hizo referencia a las conversaciones iniciadas con el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) para desarrollar planes de inserción social para titulares y beneficiarios de esta renta.
VIVIENDA
Por otra parte, en el capítulo de vivienda, la institución destaca las "quejas por supresión, retrasos e impago de ayudas públicas a la vivienda". En concreto, indica que recibió a la Asociación de Impagados de Ayudas a la Vivienda de Valencia y asegura que hay 55.000 solicitudes pendientes de resolver, por importe, según los afectados, de unos 240 millones de euros. No obstante, sobre este último extremo, señala que "se discute la validez de estos montantes"
Añade que durante 2014 el organismo ha continuado las actuaciones iniciadas con la Generalitat Valenciana por el retraso en el pago de las ayudas a la vivienda. Asegura que a lo largo del pasado ejercicio ha sido necesario dirigirse "en repetidas ocasiones" a la Generalitat, al obtener de los interesados "información contradictoria" con la proporcionada por la administración.
En cualquier caso, señala que la última información que ha proporcionado la administración autonómica es que el pago de las ayudas pendientes, o al menos una parte, se hará con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico.
La actuación sigue en curso, ya que se ha preguntado a la administración por los criterios que piensa utilizar para el pago, teniendo en cuenta la cantidad de resoluciones pendientes de abonar y el importe de la cantidad total reconocida.
