VALÈNCIA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia), que investiga el robo organizado de combustible en oleoductos en varias provincias de España, ha impuesto fianzas de 6.000 euros para dos de los seis detenidos en la causa. Para un tercer arrestado, el juez ha establecido una fianza de 3.000 euros.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los investigados, a los que se les imputan delitos de estragos, integración en grupo criminal y robo con fuerza con la agravante de hidrocarburos, tienen 10 días para hacer frente a estas fianzas. En caso contrario, ingresarán en prisión.
Para otros tres detenidos, el juez ha decretado libertad con medidas cautelares de retirada de pasaporte y obligación de comparecencia periódica ante el juzgado.
Estas detenciones se enmarcan en la operación Collarín y se ha dirigido contra seis personas, de entre 36 y 53 años. Estos arrestados, pertenecientes a una organización, supuestamente habrían conseguido sustraer más de 200.000 litros de gasolina y gasóleo en oleoductos de Huelva, Cádiz, Sevilla y Valencia y se calcula que los daños causados podrían alcanzar un valor de 7.000.000 euros.
La operación se inició en octubre del pasado año, cuando la Guardia Civil detectó que se estaban realizando extracciones de forma ilícita de combustible en un oleoducto de la provincia de Castellón.
Los agentes comprobaron entonces la existencia de un grupo de personas que podrían estar realizando extracciones de gasolina y gasóleo, por lo que se estableció un dispositivo de seguimientos y control.
Como consecuencia de la actuación, los agentes detuvieron a seis personas en las provincias de Valencia, Cádiz y Sevilla y constataron que la organización podría haber sustraído más de 200.000 litros de combustible a lo largo de los dos últimos años, en los que habrían causado daños que podrían alcanzar un valor de 7.000.000 euros.
La organización había ideado un método muy sofisticado para sustraer gasolina y gasóleo. Esta práctica suponía un "alto riesgo" para la seguridad pública ya que, para tener acceso al combustible, la red perforaba el tubo transportador, lo que podía haber ocasionado una "gran explosión", así como un riesgo medioambiental por el derrame de combustible en zona. La actuación fue realizada por efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón, Sevilla y Algeciras.
