Pide a Montón "voluntad política" para aplicar el nuevo decreto ante "el escaso" alcance del anterior
VALENCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
Odusalud ha detectado 1.338 inatenciones sanitarias en la Comunitat Valenciana a inmigrantes en situación irregular en los últimos tres años, incluidos 144 menores desatendidos, mujeres embarazadas, urgencias e incluso solicitantes de asilo y víctimas de trata pese a que tienen derecho legal a la asistencia.
Asimismo, han constatado que sólo el 6 por ciento de los posibles beneficiarios del Programa Valenciano de Protección a la Salud accedió a este mecanismo puesto en marcha por el anterior Consell del PP para paliar los efectos del real Decreto de 2012, que supuso la exclusión sanitaria en la Comunitat Valenciana de 78.000 personas.
Así, lo ha señalado el Observatorio del Derecho Universal a Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud), integrada por 79 entidades, en su 11 informe en el que recoge que durante estos tres años ha habido un incremento progresivo del número mensual de incidencias registradas, que ha pasado de 43 en 2014 a 52 hasta junio de 2015.
Por ello, consideran "muy positivo" el nuevo decreto aprobado este julio por el nuevo Consell de Ximo Puig, a pesar de que "no aborda algunas situaciones que pueden ser casa de exclusión sanitaria", y hapedido "una decidida voluntad política y una formación a su personal" para seguir aumentando el número de personas que obtienen el derecho a la asistencia sanitaria gratuita.
Al respecto, han señalado que el anterior programa fue "ineficaz" por "su escasa difusión e información, las dificultades de aplicación y los errores en la información al personal sanitario", lo que motivaron que sólo un 8% solicitó su inclusión en el Programa Valenciano de Protección de la Salud, de los que un 20% se rechazó su inclusión, con lo que 4.680 se beneficiaron de este mecanismo frente a los 2.214 personas que, según datos de la conselleria, ya tienen la nueva tarjeta.
Así, desde que se inició el registró de 2012 se han notificado 1.338 incidencias, de ellas 144 casos de menores desatendidos (el 11% del total) y han aumentado hasta el 73% las incidencias producidas en los Centros de salud.
Las situaciones "más graves" detectadas por Odusalud se han relacionado con la falta de acceso de pacientes a pruebas diagnósticas -2 de cada 3 de las incidencias se refieren a personas que no han superado la barrera administrativa-, a una continuidad asistencial adecuada o al tratamiento efectivo. Esta falta de acceso tiene su origen tanto en limitaciones económicas como administrativas.
Odusalud considera de "extrema gravedad" las incidencias relacionadas con irregularidades, como la facturación, y desatención a menores y otras personas como embarazadas o pacientes usuarios de urgencias que, incluso tras el RDL 16/2012, deberían ser atendidos sin mediación de factura. En ese sentido, señalan que aunque "escaso" también se han dado incidencias referidas a solicitantes de asilo y víctimas de trata a pesar de que por ley tienen derecho a la asistencia sanitaria.
Así, un 18% de las incidencias era por la existencia del documento de compromiso de pago lo que actuaba como "elemento disuasorio" lo que provocó "la autoexclusión de pacientes" incluso afectados por problemas graves y un 15% de las notificaciones hace referencia a la falta de acceso al tratamiento por razones económicas.
DEFICIENCIAS DE LA NUEVA NORMA
Por otra parte, el informe lamenta que la nueva ley autonómica "no aborda algunas situaciones que pueden ser origen de casos de exclusión" como la imposibilidad del acceso a la asistencia sanitaria de los ascendientes que, pese a no encontrarse en situación irregular, tampoco son reconocidos como asegurados-beneficiarios por el sistema y critica que tengan que deben justificar un periodo de empadronamiento mínimo de tres meses en la Comunitat pese haber vivido durante años en España, Valenciana.
Asimismo, se oponen a que se mantenga la exigencia de un documento que acredite la imposibilidad de importar a España el derecho a la asistencia sanitaria a los procedentes de la UE o con convenios bilaterales ya que han constatado que en muchos casos "se encuentran en una situación aun más desfavorable que las procedentes de otras zonas del mundo".
Por todo ello, el Observatorio anuncia que mantendrá la notificación de vulneraciones del derecho universal a la atención sanitaria en la Comunitat así como su compromiso de informar a la Sociedad Civil y sus instituciones de las consecuencias del mismo.
