BILBAO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en el País Vasco requerirá en breve al Ayuntamiento de Hernani para que cese en su cargo a la alcaldesa de ANV, Marian Beitialarrangoitia, después de que la Junta Electoral Central la haya declarado inelegible para cargo público por estar condenada a siete años de inhabilitación por un delito de enaltecimiento, aun cuando la sentencia todavía no es firme. En caso de que no se atienda su requerimiento, acudirán a los tribunales.
Según anunció este jueves en Bilbao el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno, con el impulso del Ministerio de Justicia y del Interior y con el asesoramiento de la Abogacía del Estado requerirá al Ayuntamiento de Hernani "para que cumpla las previsiones que señala la Ley Orgánica del Régimen Electoral General cuando hay un cargo publico que es condenado por terrorismo y esa condena lleva también aparejada delito de terrorismo y la inhabilitación".
Cabieces, que acudió este jueves al acto de apertura del año judicial en el Palacio de Justicia de la capital vizcaína, precisó que, en el caso de la alcaldesa de ANV de Hernani, la Ley de Régimen Electoral General "señala claramente que, aunque no condena no sea firme, esa inhabilitación llevar aparejado una inelegibilidad y una incompatibilidad".
Por ello, añadió, "si es incompatible para el cargo público, vamos a requerir para que se ponga en marcha ese proceso y se declare esa incompatibilidad, en este caso, de la concejal que a su vez es alcaldesa".
Cabieces dijo que el Ayuntamiento "lo tendría que hacer 'motu proprio' y tendría que cumplir la ley vista la sentencia, pero como tiene una inactividad se lo vamos a requerir y, en el caso de que no lo haga, recurriremos a los tribunales una decisión que es evidente que esta avalada".
"Lo único que estamos haciendo -subrayó- es, ante la inactividad del Ayuntamiento de Hernani, requerir que se cumpla la Ley como estamos haciendo con todos los ayuntamientos gobernados por ANV que exigiendo que, como cualquier ciudadano e institución de la comunidad autónoma, cumplan las leyes a las que todos estamos y debemos estar sometidos".
SUSTITUTO
En cuanto a quién ocuparía el cargo de Beitialarrangoitia una vez cesada, el delegado del Gobierno en el País Vasco, indicó que "el mecanismo, como en cualquier ayuntamiento, que cuando hay un cese de un cargo, se comunicará a la Junta Electoral Central, que es la que dictamina sobre ello".
"Yo tengo la opinión de lo que va a pasar, pero habrá que dejar que decida la Junta Electoral Central, que es su cometido y es la que tiene que decidir", insistió.
Cabieces dijo que "intuye lo que va a pasar, pero es fruto de la experiencia y de las resoluciones que, de forma igualitaria, se han tomado en esos casos por parte de la Junta Electoral Central, pero es ella la que tendrá que responder".
