Los Presupuestos de este año reservan una partida de un millón de euros para este colectivo
VITORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno vasco presentará este próximo lunes el borrador de decreto que regulará las ayudas a víctimas de abusos policiales cometidos entre 1968 y 1978, un colectivo para cuya reparación se establece una partida de un millón de euros en los Presupuestos de este año.
Esta norma está destinada a "la declaración de condición de víctima, y la reparación integral como tal, de quienes padecieron sufrimientos injustos, como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida entre 1968 y 1978, en el contexto de violencia de motivación política vivida en ese periodo", según se indica en la convocatoria de la presentación remitida por el Gobierno autonómico.
El borrador será dado a conocer por la consejera de Justicia, Idoia Mendia, la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, y la asesora de dicha dirección, Manuela Carmena.
A finales del pasado año, Mendia ya aclaró que aunque el colectivo de damnificados por abusos de fuerzas policiales o parapoliciales puede haber casos de miembros de ETA que hayan sufrido torturas, "la mayoría" son personas sin relación con la banda ni vinculación con la actividad política.
Como ejemplos, citó a ciudadanos que han sufrido abusos en controles de las fuerzas de seguridad o en cargas contra manifestaciones. Además, subrayó que en este colectivo no se incluyen los terroristas fallecidos al manipular una bomba o en el transcurso de un enfrentamiento con la Policía.
MANDATO PARLAMENTARIO
La puesta en marcha de un decreto de este tipo responde a un mandato del Parlamento vasco aprobado el 31 de marzo de 2011. Aquel día, el pleno de la Cámara aprobó una iniciativa que contempla la concesión de ayudas a las llamadas "víctimas de motivación política", entre las que se encuentran damnificados por actuaciones de fuerzas policiales o parapoliciales. Además, se acordó crear una ponencia parlamentaria específica sobre este asunto, la cual ya ha iniciado su actividad.
La iniciativa, firmada por el PNV, el PSE-EE, Aralar, EA y EB, fue apoyada parcialmente por el PP. Este partido respaldó el primer punto del texto -que contemplaba diversas iniciativas para la reparación de estas víctimas-, en el que UPyD se ha abstuvo. Ambas formaciones rechazaron el apartado sobre la ponencia.
En materia de ayudas, la resolución urgía al Gobierno a establecer "medidas tendentes a la reparación del sufrimiento de las víctimas y de sus consecuencias de diversa índole". Para ello, se indicaba que deberá establecer "las medidas normativas precisas, comenzando con el decreto o decretos, que marquen las ayudas a implementar y los criterios para tener acceso a las mismas, así como la necesaria dotación presupuestaria".
"SIN EQUIPARACIONES"
En la justificación que acompañaba al texto se subrayaba que todas estas medidas se adoptarán "desde el rechazo a la justificación del terrorismo por la existencia de un conflicto previo y sin equiparaciones".
Tanto el decreto de reparación como los trabajos de la ponencia se sustentan en un informe del Ejecutivo vasco, realizado también a instancias de la Cámara, sobre 'Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidas en un contexto de violencia de motivación política'.
El estudio definía este concepto e indicaba que este tipo de vulneraciones de derechos humanos tiene como autores a "agentes del Estado que han actuado con evidente abuso de poder", así como "aquellas organizaciones y grupos parapoliciales que han contado son el apoyo o aquiescencia" de los primeros.
"VÍCTIMA Y VICTIMARIO"
La consejera de Justicia ya reconoció a finales de 2011 que "habrá casos en los que se dé la doble condición de victimario y de víctima", pero recordó que "toda persona tiene derecho a la dignidad humana y los derechos humanos, sea culpable o inocente".
Según afirmó entonces, hay que "reconocer que han podido existir excesos" de las Fuerzas de Seguridad del Estado y que, con este tipo de medidas, se contribuye a "legitimar el Estado de Derecho y marcar la diferencia entre los demócratas y los terroristas".
De todas formas, y tras subrayar que en ningún caso se pretende hacer "equiparaciones" entre unos damnificados y otros, aclaró que aunque puedan recibir ayudas, los "victimarios" que acrediten haber sufrido abusos no recibirán "homenajes".
Además de este primer decreto, el Gobierno tiene previsto aprobar otro, en este caso destinado a los casos acontecidos entre 1979 y la actualidad.
