Gobierno vasco trabajará para solucionar las carencias detectadas en el uso del euskera en las áreas de salud y justicia

Actualizado: viernes, 26 octubre 2012 19:55

El Consejo de Europa publica el informe sobre las lenguas minoritarias de España


BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno vasco, Lurdes Auzmendi, se ha comprometido a "trabajar seriamente" para solucionar las carencias detectadas por el Consejo de Europa en el informa sobre las lenguas minoritarias de España en el uso del euskera en las áreas de salud y justicia, "para que poco a poco vaya cambiando su situación".

En un comunicado, el Departamento de Cultura ha informado de que el Consejo de Europa ha dado a conocer el tercer informe sobre el nivel de cumplimiento de la Carta Europea para las Lenguas Minoritarias en España, del que Auzmendi ha realizado una valoración "positiva".

En ese informe, elaborado por la comisión de expertos del Consejo de Europa, se realizan algunas valoraciones, y en lo que se refiere al fomento del euskera de la Comunidad Autónoma Vasca, el Consejo de Europa destaca que se han adoptado "medidas positivas en muchos ámbitos".

En opinión de los expertos, "se cumplen la mayoría de los compromisos de la Carta de una forma ejemplar", aunque "se detectan aún ciertos problemas en áreas como el de la sanidad y bienestar".

Tal como se indica en el informe, la colaboración entre las comunidades que comparten la misma lengua "está resultando problemática en algunos ámbitos, sobre todo en educación y medios de comunicación", por lo que "se antoja imprescindible que en esas comunidades se desarrolle un sentimiento compartido de protección de las lenguas".

Por otro lado, en el informe se señala la necesidad de "mejorar la colaboración entre los servicios locales de las administraciones del Estado que se encuentran en las distintas comunidades".

En el informe, el Consejo de Europa les propone a las autoridades españolas una serie de recomendaciones, para que tengan en cuenta las observaciones y sugerencias realizadas por parte de la comisión de expertos, y establece como prioridades que "adapten el marco jurídico, para que quede constancia de manera expresa que la autoridad judicial, penal, civil y administrativas de las comunidades autónomas tramitarán sus procedimientos en las lenguas cooficiales, si alguno de las partes así lo solicita".

Asimismo, les sugiere que establezcan "las medidas jurídicas y prácticas necesarias para garantizar que en las autonomías a las que hace referencia el artículo 9, una proporción adecuada de los trabajadores judiciales tenga la capacidad lingüística necesaria para poder realizar sus funciones profesionales en los idiomas correspondientes".

También les emplaza a que revisen "el acceso, el desarrollo del trabajo y la organización de la formación laboral de los trabajadores del servicio administrativo del Estado, para que una proporción de los trabajadores que operan en las comunidades autónomas tenga la suficiente capacitación lingüística de cara a cumplir sus funciones profesionales en la lengua correspondiente".

Por otro lado, les insta a que garanticen en los servicios públicos del Estado "la presencia de todas las lenguas regionales o minoritarias" y también en los servicios sanitarios.

Además de comprometerse a trabajar en los ámbitos en los que se han detectado carencias, respecto a la Administración del Estado, Auzmendi ha aseverado que "hay que cumplir la ley, y que el Ejecutivo estará siempre encima para que se pueda cumplir. En ese sentido, ha añadido que el Ejecutivo vasco "abre sus puertas para ofrecer su ayuda en todo lo que se pueda".

CARTA EUROPEA

En aras de proteger y fomentar las lenguas minoritarias, se aprobó en 1993 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, impulsada por el Consejo de Europa. En total, lo han suscrito 31 estados y, de esa cantidad, 23 lo han ratificado. España los suscribió en el año 1992, y en el 2001 lo ratificó. Francia los suscribió en el año 1999, pero hasta hoy no lo ha ratificado.

El informe que se ha dado a conocer, corresponde al tercer periodo desde que España aprobó la Carta. Los informes precedentes los dio a conocer el Consejo de Ministros del Consejo de Europa en el año 2005 y en el 2008.