Los socialistas vascos defienden la necesidad de dotar al texto de garantías frente a eventuales recursos
VITORIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSE-EE ha registrado 31 enmiendas parciales al Proyecto de ley vasca de reconocimiento a las víctimas de represión ilícita, entre las que se encuentran los damnificados por abusos cometidos por las fuerzas policiales, con el objetivo de dotar de mayor "seguridad jurídica" al texto y de evitar que una eventual suspensión de la norma por parte de instancias judiciales "genere frustración entre las personas afectadas".
El proyecto de ley, referido a vulneraciones de derechos cometidas entre 1960 y 1999, se encuentra en fase de tramitación en el Parlamento vasco, aunque el Gobierno central ya ha emitido un informe que lo considera inconstitucional.
Los socialistas, a través de un comunicado, han recordado que el decreto aprobado en su día por el Gobierno vasco de Patxi López, referido al mismo colectivo de víctimas, aunque limitado al periodo 1960-1978, "se está aplicando sin que nadie, ni desde instancias políticas ni sociales ni judiciales, lo haya cuestionado".
El parlamentario del PSE Patxi Elola ha criticado que la ampliación de dicho decreto aprobada por el actual Ejecutivo autonómico del PNV "fue tumbado" por el Tribunal Superior de Justicia del País vasco.
A su juicio, la tramitación de esta Ley ofrece la oportunidad de "hacer una norma segura y consensuada". Elola considera que "es responsabilidad" del Gobierno vasco "trabajarse el consenso" necesario en torno al texto.
TÍTULO DE LA LEY
El representante socialista ha recordado que los grupos parlamentarios, con la abstención de EH Bildu, acordaron hace un año "avalar" la elaboración de un proyecto que diera continuidad a las políticas de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial, "buscando el "máximo consenso social, político e institucional".
"A día de hoy, el Gobierno no lo ha hecho, pero tiene la oportunidad de conseguirlo en la precipitada tramitación que ha planteado", ha afirmado Elola.
La primera de las correcciones propuestas por los socialistas se refiere a la propia denominación de la Ley. El PSE-EE propone recuperar el título del decreto vigente. De esa forma, piden sustituir el concepto de 'represión ilícita' "por no ser exacto".
Los socialistas argumentan que, "más allá de interpretaciones que se pudieran hacer", existen vulneraciones de derechos a los que se refiere la Ley "que no obedecen a represión ilícita en sí, sino a actuaciones policiales con origen lícito detenciones de sospechosos o disolución de manifestaciones ilegales, por ejemplo "que hayan derivado en usos ilícitos de poder o violencia".
También plantean la necesidad de corregir la redacción en euskera, en la que el término 'reparación' se recoge como 'ordaina', lo que podría "interpretarse como mera compensación económica", cuando "la ambición reparadora de la Ley es más amplia".
ACLARACIONES
Varias de las enmiendas socialistas afectan a la exposición de motivos, que es la introducción que debe explicar las intenciones de la norma. Por ello, se propone "reforzar" la obligación institucional de reparar a quienes "durante la democracia, con una Constitución garantista y exigente en materia de derechos humanos, se han visto desprotegidos, en un marco distinto al de la dictadura, en la que esos derechos no estaban reconocidos".
Además, se desvincula el reconocimiento de estas víctimas del que puedan tener los damnificados de bandas terroristas, "sin discursos equiparadores de realidades muy distintas y mucho menos justificativas de ninguna violación de derechos humanos".
"Las acciones terroristas no justifican ni una sola vulneración que haya sido ejercida mediante abuso de poder, pero la existencia de vulneraciones de derechos humanos no puede tampoco ser presentada como un enfrentamiento entre dos violencias provocado por un conflicto político", considera el PSE.
Los socialistas proponen que la Ley "se ciña" a la atención de las víctimas que no han sido reconocidas ni reparadas como tales, "sin ninguna otra interpretación posible".
SEGURIDAD JURÍDICA
En cuanto a la parte dispositiva, una de las aportaciones socialistas se refiere a la inclusión expresa en la Ley de aquellas personas que, aun no pudiendo acreditar haber visto vulnerados sus derechos, sí han visto reconocida por la Justicia su indefensión por no haberse investigado sus denuncias. El PSE ha recordado que el Tribunal de de Derechos Humanos de la Unión Europea ya ha condenado en varias ocasiones por este motivo al Estado español.
Además, se plantea una nueva composición de la Comisión de Valoración --el organismo encargado de analizar las solicitudes para acogerse a las medidas contempladas en la ley--. El PSE-EE estima que la comisión debe ajustarse al número de miembros actual, incluyendo especialistas en gestión de víctimas, en historia, penalistas y un representante del Defensor del Pueblo vasco-Ararteko. La participación de peritos forenses se realizaría como asesoría técnica externa.
Desde el PSE, se propone añadir una nueva disposición adicional en la que se encomiende al Gobierno que elabore un reglamento para "encauzar adecuadamente" las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctimas a personas que no hayan podido acreditar los delitos en los tribunales, de forma que las resoluciones de la Comisión de Valoración "tengan garantías jurídicas y no puedan ser interpretadas como una invasión de competencias del Poder Judicial".
