Cree que demuestra que la tortura se usó "de manera sistemática para perseguir la disidencia política y sembrar el terror"
SAN SEBASTIÁN, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Sortu, Pernando Barrena, ha destacado que las conclusiones preliminares de la investigación de la tortura en el País Vasco 1960-2013, realizada por encargo de la Secretaría General de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, --que concluye que el número de casos de tortura en Euskadi puede ascender a 4.810--, demuestra que estos castigos se han aplicado "de manera sistemática para perseguir la disidencia política", por lo que ha pedido al Ejecutivo del PNV que "tome medidas para las revisiones de sentencia que sean necesarias" en casos de tortura.
Barrena ha ofrecido una rueda de prensa en San Sebastián en la que ha destacado que, tal y como refleja el estudio del Ejecutivo autónomo, "la utilización de la tortura contra los detenidos por motivación política en los últimos 50 años no ha sido esporádica ni responsabilidad de funcionarios corruptos", sino que ha sido aplicada "de manera sistemática para perseguir la disidencia política y sembrar el terror entre los sectores sociales más comprometidos con el proyecto independentista".
"Este estudio desmonta de manera inapelable la famosa teoría de unas supuestas órdenes de ETA a los detenidos políticos para denunciar tortura", ha resaltado el dirigente abertzale, quien ha insistido en que el informe del equipo que encabeza el médico forense Paco Etxeberria "demuestra la veracidad de esas denuncias y que existe una responsabilidad flagrante por parte de todos los medios y responsables políticos y gubernamentales que extendieron a propósito ese bulo para ocultar la utilización de la tortura por parte de funcionarios públicos".
Barrena ha destacado, además, la implicación de la Ertzaintza "en un porcentaje alrededor del 8% en los casos de tortura denunciados, eso es, más de 300", dato que ha considerado de "extrema gravedad" porque "deja en evidencia que la tortura no es exclusividad española y pone de relieve responsabilidades aquí en casa, en concreto la de los gestores políticos de ese cuerpo policial en los últimos 30 años".
Por ello, ha afirmado que son exigibles responsabilidades políticas "en el caso del PNV y PSE por haber fomentado y desarrollado un modelo policial que ha dado cobertura a prácticas contrarias al respeto a los derechos humanos" y, además, porque "esto tenía una más que evidente orientación política contra el independentismo". "Es necesario que quienes han estado al frente del departamento de Interior asuman sus responsabilidades y den la cara", ha insistido.
