La asesoría jurídica estipula que los diputados podrán tomar notas, pero no tener copias, y que haya sesiones cerradas a los periodistas
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Xunta propone que las auditorías realizadas en el proceso de fusión de las extintas cajas gallegas --Caixanova y Caixa Galicia-- formen parte de la información secreta que maneje la comisión de investigación constituida en la Cámara gallega para analizar la evolución del sistema financiero gallego.
Así consta en la relación agregada de la documentación de carácter reservado que suscribe el director xeral de Política Financieira e Tesouro de la Xunta, Manuel Galdo Pérez, y a la que ha accedido Europa Press. Este jueves, la comisión de investigación debatirá sobre el carácter reservado o no de la documentación enviada por la Xunta y por Novagalicia Banco (con fecha de entrada en la Cámara de este martes día 10).
En el escrito remitido al Parlamento, la Xunta adjunta un informe de la Asesoría Jurídica para que se adopten determinadas prevenciones para garantizar "el carácter reservado de esta información frente a terceros".
La Dirección Xeral de Relacións Parlamentarias entregó el jueves pasado al Parlamento de Galicia un total 34 cajas con casi 30.000 folios referentes a la actividad desarrollada por las antiguas cajas gallegas. De ese total, 20 son de carácter no confidencial.
En los 14 archivadores que envía la Administración autonómica con carácter confidencial, la Xunta especifica el carácter reservado para la documentación contable de las cajas de ahorros de carácter reservado, de la actividad financiera desde 2004 a su conversión en banco, incluidas las auditorías contables anuales.
También incluye --con las mismas cautelas de confidencialidad-- los acuerdos de las asambleas generales obrantes en poder de la Xunta; la información emanada del FROB que tuviese relevancia en la evolución de NCG Banco y que tenga carácter reservado; y la documentación relativa al proceso material de la fusión de las cajas (plan de integración).
Asimismo, abarca también el informe realizado por la auditoría KPMG, a la que alude directamente, y los demás informes técnicos relacionados con el proceso de fusión que estén en posesión de la Consellería de Facenda (por ejemplo, PWC y Deloitte realizaron estudios con los que se avaló la fusión ante el Banco de España y Bruselas); la información recibida del Banco de España referente al proceso de fusión; y el plan de recapitalización presentado por Novacaixagalicia.
MÁS DOCUMENTACIÓN RESERVADA
Del mismo modo, pide tener en cuenta las cautelas para toda la documentación relativa a las indemnizaciones percibidas por los exdirectivos de las cajas de ahorros, que tenga Facenda, incluidas las actuaciones para evitar nuevos pagos que tiene carácter reservado; y la copia de los recursos presentados por la Xunta relativos a la normativa aprobada con incidencia en el proceso de fusión o de la valoración realizada en su momento.
Asimismo, también se agrega a ese listado cualquier otra información de carácter reservado que tenga el departamento que dirige Elena Muñoz relacionada con la fusión, incluidos informes, expedientes y comunicaciones del departamento de la Xunta y documentación sobre preferentes y subordinadas trasladados desde la Administración autonómica a órganos relacionados con la Justicia.
"ADOPTAR PREVENCIONES"
El informe jurídico que remite la Xunta, y en el que se apela a marcos legislativos que afectan a las cámaras del Estado, señalan que "han de adoptarse determinadas prevenciones para garantizar el carácter reservado" de las informaciones frente a terceros.
De esta forma, y dadas las "lagunas" reglamentarias en el Parlamento de Galicia referido a casos como la comisión de investigación de las cajas, el informe propone exhibir la fotocopia acompañada por el original a los miembros de la comisión, que "podrán tomar notas pero no obtener copias ni reproducciones".
Además, la revisión de la documentación se realizará en el lugar donde se encuentren los papeles y en "presencia de la autoridad encargada de su custodia".
En este sentido, se estipula que los parlamentarios tendrán que cumplir con el deber de "reserva", cuyo incumplimiento puede comportar la pérdida de, entre otros derechos, la asistencia a las sesiones, el de votar o las asignaciones económicas, e incluso la suspensión temporal como parlamentario.
En la argumentación jurídica, la asesoría contempla que las sesiones de las sesiones de la comisión que manejen información de carácter reservado o secreto, en virtud de la legislación vigente, tengan igualmente carácter cerrado para los medios de comunicación social, porque "existe absoluto secreto".
