El Gobierno de Vigo reitera que el Área es "legal" y "continúa su andadura"

 

El Gobierno de Vigo reitera que el Área es "legal" y "continúa su andadura"

Publicado 30/12/2016 19:02:32CET

   El Gobierno de Vigo acusa a la Xunta de actuar como juez y reitera que el Área es "legal" y "continúa su andadura"

   VIGO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno de Vigo ha acusado a la Xunta de "actuar como juez" al declarar la inadmisión de la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Vigo de inscribir el Área Metropolitana en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia, y ha defendido que la constitución del ente "es fehaciente" y "legal" y, por tanto, "continúa su andadura".

   En un comunicado, el Gobierno vigués, que ha dicho no tener notificación de la resolución de la Xunta, ha sostenido que el Área Metropolitana "fue constituida legal y democráticamente por la mesa de edad, previa promesa o juramento de todos los miembros presentes en el acto", y se eligió a su presidente y vicepresidentes, se celebró su primera junta de gobierno y se tomaron "decisiones".

   "El Área continuará su andadura porque esta resolución no es óbice para su funcionamiento y su acción", ha asegurado el Gobierno local, antes de apuntar que "resulta incomprensible una resolución administrativa que aduce y se arroga la capacidad de actuar como juez, cuando realmente actúa como parte interesada y defensora de intereses concretos".

   En esta línea, ha mantenido que la resolución "no tiene en cuenta, en absoluto, los documentos remitidos", y, en su opinión, sólo representa "la desesperación política de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda intentando, una vez más, frenar el avance de Vigo y el Área, como ya hicieron en otras ocasiones".

   "Celebradas ya las elecciones autonómicas, Feijóo y Rueda, en su conocido amor a Vigo, se quitan la careta y atacan ferozmente a esta ciudad y el Área, con criterios del PP y, una vez más, ignorando las normas, leyes, voluntad y derecho de los municipios del Área", ha remarcado el Gobierno vigués, que ha concluido que "no hay precedentes de un disparate jurídico de tal calibre".

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