Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 18/11/2009 15:39
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación Movemento polos Dereitos Civís (MpDC) denunció hoy un aumento de las negativas por parte de la Delegación del Gobierno en Galicia a autorizar manifestaciones y concentraciones en la Comunidad durante 2008, según recoge su Informe Anual.
Así, según señaló a Europa Press el portavoz de MpDC, Renato Núñez, durante el pasado año la asociación detectó un "mayor número de negativas" por parte de la Administración a la celebración de concentraciones y manifestaciones, que solo se puede producir si existe "algún problema con los derechos fundamentales de los ciudadanos" o con el lugar de celebración del acto.
En este sentido, Núñez recordó que la Delegación del Gobierno "no tiene que autorizar la concentración", si no "solo manifestarse como informados" y denegar la posibilidad de celebrarla "si existe incompatibilidad con otro acto".
"Es un derecho que no se solicita a las Administraciones, solo se comunica", señaló Núñez, quien denunció además un "doble rasero" en esta cuestión, dado que manifestaciones, como la convocada por los familiares del Alakrana, "se celebran con muy poca antelación" y "otras no se permiten alegando que se anunciaron fuera de plazo".
CARGAS POLICIALES
En la sexta edición del informe de MpDC, referente a 2008, las "actuaciones más criticadas" fueron las cargas policiales, que "seis de cada 10 gallegos consideran desproporcionadas".
Aún así, Renato Núñez alertó de que la mayor parte de las lesiones ocasionadas en estas cargas "no se denuncian", ya que los poderes públicos "atienden poco" a este tipo de reclamaciones, lo que hace "más difícil" llevar adelante procesos.
En todo caso, indicó, la asociación detectó que las Fuerzas de Seguridad "denuncian a los manifestantes antes de que ellos pongan sus denuncias", para "echar abajo" las reclamaciones de los participantes en estos actos. El 54 por ciento de los gallegos, según el estudio, consideran que la justicia "no es imparcial y favorece a los funcionarios policiales" en estos casos, que "en la mejor de las situaciones" son amonestados para luego "ser indultados".
Para MpDC es criticable que la Delegación del Gobierno "no cuestione en ningún caso la actuación policial" y el hecho de que las declaraciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "son consideradas veraces con más facilidad".
VIDEOVIGILANCIA
En lo relativo a la videovigilancia, Renato Núñez alertó de "un avance sin control" de este mecanismo, denunciado por la asociación en numerosas localidades, y de una "saturación" de la Agencia Española de Protección de Datos, que "no da abasto" con sus denuncias.
Además, achacó "falta de interés" a la Delegación del Gobierno a la hora de tratar esta cuestión, dado que, aseguró, existen en algunos municipios cámaras instaladas "sin pedir autorización" que, tras ser denunciadas, la Delegación "les otorga la autorización inmediatamente" a "diestro y siniestro" y "sin ninguna sanción". "Nos dicen que ahora están apagadas, pero eso es difícil de confirmar", sentenció.
PROTECCIÓN DE DATOS
De cara al futuro, Renato Núñez apostó por seguir trabajando en el control de la protección de datos, "en peligro" en la actualidad. Para ello, y ante la "saturación" de la Agencia Española de Protección de Datos, propusieron la creación de una Agencia Gallega que realice esta función en la Comunidad.
Además, propusieron que se configure una Agencia Gallega de Seguridad Ciudadana que "controle la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" para realizar "investigaciones internas" pero "desde un punto de vista independiente".
En cuanto a la evolución de los derechos civiles, Renato Núñez criticó que en los seis años que llevan realizando el estudio "no cambió absolutamente nada" y que cuestiones, como la videovigilancia, "empeoraron" por "la dejadez de la Delegación del Gobierno".