PP y PSdeG pactan criterios básicos para la financiación autonómica, aunque discrepan en la cuantía

 

PP y PSdeG pactan criterios básicos para la financiación autonómica, aunque discrepan en la cuantía

Publicado 07/02/2017 21:00:11CET

   En Marea y BNG se oponen al sistema de reparto y subrayan que no existe “autonomía política sin autonomía financiera”

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los grupos parlamentarios de PPdeG y PSdeG han sumado sus votos en torno a unos criterios básicos a defender por la Xunta en la negociación de la financiación autonómica, tales como que se tengan en cuenta las ya históricas reclamaciones de Galicia relativas al coste de llevar los servicios a una población dispersa y envejecida. Sin embargo, no han llegado a acuerdo en lo relativo a la cuantía que ha de obtener Galicia ni para reclamar un aumento de los fondos.

   A raíz de una moción defendida por el portavoz de los socialistas gallegos en el Pazo do Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, han pactado un texto conjunto por el cual el Parlamento demanda a la Xunta que defienda criterios de equidad y solidaridad en el reparto de los fondos, de estabilidad, de autonomía financiera, de lealtad institucional y de sostenibilidad.

   Así, entre casi una veintena de puntos, PPdeG y PSdeG han coincidido en que la razón fundamental para el reparto de dinero ha de ser “la cobertura igualitaria de las necesidades de gasto” y no la recaudación en los distintos territorios y en que se debe crear un fondo de reserva que permita atender las necesidades financieras en las fases bajas del ciclo.

   También han concordado en la importancia de reclamar participación en las decisiones sobre los impuestos en los que se comparten las bases con el Estado, como el IVA; y en demandar más coordinación de las autonomías y el Estado a la hora de tomar medidas que puedan suponer incrementos de gasto o reducción de los ingresos.

   Adicionalmente, han decidido demandar conjuntamente a la Xunta que defienda en Madrid que el Gobierno permita a las autonomías que cumplen con los criterios de déficit una aplicación más flexible de la regla de gasto, y que las diferencias en el nivel de endeudamiento no pueden ser la fórmula para decidir la asignación de recursos dentro del nuevo modelo de financiación de las comunidades.

SIN ACUERDO SOBRE LA CUANTÍA

   En lo que no han sido capaces de cerrar un pacto PPdeG y PSdeG ha sido en lo relativo a pedir un aumento en los fondos del sistema de financiación autonómica y en establecer el reto de que Galicia debe “mantener” el siete por ciento actual, como pedía Leiceaga.

   Desde su punto de vista, eso sí sería “un ejercicio de galleguidad efectiva”, a diferencia de las constantes apelaciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a su cariño por esta tierra. No comprometerse en este punto supone, a su entender, que se evidencie que su “prioridad” es “la paz partidaria”.

   Enfrente, su homólogo en filas populares, Pedro Puy, ha defendido que Galicia ya salió “muy bien parada” de las bases sentadas en la Conferencia de Presidentes y, tras el “cierto grado de apoyo” al economista designado para el comité de expertos, ha pedido no alterar “ese nivel de consenso” alcanzado en torno a algo tan “fundamental” como la financiación.

   Además, Puy Fraga ha esgrimido que no se puede exigir “un resultado específico” de la negociación de los fondos estatales a reparto entre las autonomías, algo que --a su juicio-- podría ser “incluso contradictorio”.

POSTURA DE EN MAREA Y BNG

   Los que ya en el debate de esta moción ante el pleno de la Cámara han anticipado su negativa a sumarse a ningún acuerdo o a negociar una transacción de propuestas han sido los portavoces de BNG y En Marea.

   En el caso de los nacionalistas, ha sido Ana Pontón quien ha justificado su postura en que el sistema de reparto de los fondos estatales “niega” a la comunidad “el derecho a gestionar sus propios recursos”. “Galicia seguirá perdiendo, porque es el mismo modelo con algunos retoques”, ha augurado.

   Frente a ello, ha demandado para esta tierra “autonomía real” y no quedar relegada a ser “una gestora de los recursos de los demás”. En paralelo, ha denunciado que entre 2009 y 2014 Galicia perdió “más de 10.000 millones de euros”, la diferencia entre el coste de los servicios y las cuantías recibidas del Estado.

   También Villares ha sostenido que “Galicia no es un ayuntamiento ni una diputación, que sólo tiene que gestionar competencias con el dinero que le dan”. “Queremos políticas propias”, ha incidido, partidario de un sistema de “hacienda federal” en consecuencia con “el carácter nacional de Galicia que reconoce” la Constitución.

   Y es que, según sus propias palabras, “no cabe autonomía política sin autonomía financiera”. Así, al igual que Pontón, ha defendido que “lo mínimo” es que el sistema de financiación asegure “la cobertura de los gastos” derivados de la prestación de los servicios fundamentales.

MODELO “PERJUDICIAL”

   En su turno de cierre del debate, Leiceaga ha respondido al BNG que su modelo es “perjudicial para los intereses de Galicia”, pues así lo demuestran “los datos”.

   En cuanto a Villares, le ha explicado que el actual en España ya es “un sistema de federalismo fiscal”, de modo que ha atribuido su rechazo a su moción a que no quiere “coincidir” con el PPdeG y el PSdeG.

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