SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Universidade de Santiago, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y la Xunta han firmado este viernes un convenio para poner en marcha un programa experimental de mediación en el ámbito penal en los juzgados de Santiago, el primero de este ámbito en Galicia y que coordinará el Centro Integral de Análisis y Resolución de Conflictos de la USC (Ciarcus).
El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas, ha indicado que este convenio "abre nuevas expectativas para implantar la medicación" en Galicia, que se encuentra todavía en "fase germinal" en el ámbito penal.
Cadenas ha recordado que a día de hoy en Galicia se aplica la mediación en el ámbito civil en seis juzgados de A Coruña y uno de Vigo; mientras que la mediación familiar --iniciada en 2009-- está presente en dos juzgados de A Coruña, uno de Santiago, uno de Ourense, dos de Vigo y uno de Pontevedra.
Por su parte, el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, ha hecho un llamamiento a todos los profesionales de la Justicia para que se "involucren" en este proceso que, ha aclarado, "homologará" la Justicia gallega al "ámbito internacional" convirtiéndola en un sistema "propio del siglo XXI".
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha garantizado que la mediación contribuye a que la Comunidad "tenga una justicia mejor" y ha recordado que en Galicia se han derivado a este sistema 1.000 casos, de los que 800 han acabado en acuerdo.
MEDIACIÓN PENAL
La mediación penal consiste en la participación voluntaria del imputado por un delito o una falta y de la víctima o perjudicado en un proceso de diálogo y comunicación conducido por un mediador imparcial, con el objetivo de conseguir "la reparación adecuada al daño causado" y la solución del conflicto.
Este proyecto intervendrá en conflictos judiciales a través de la mediación penal y de la justicia restaurativa como instrumentos de resolución pacífica. La adopción de medidas se realizará de forma que se posibilite que la víctima se sienta protagonista tanto del propio procedimiento penal como de la manera de resolverlo.
Según ha explicado la profesora Raquel Castillejo, directora del Ciarcus, a priori no hay una tipología de casos que puedan derivarse a mediación penal, sino que será determinado por los jueces y los mediadores en el momento en que se produzcan. De este sistema sí están excluidos los casos de violencia de género, como establece la Ley Integral.
La mediación en este caso tendrá particularidades, dado que no podrá sustituir la implementación de una pena si así lo establece el juez. La idea es contribuir a que las partes acerquen posturas, se produzca un arrepentimiento por parte del imputado y la víctima se sienta "reparada". Esta cuestión, han aclarado los responsables, podría contribuir a que se redujese el número de recursos y tendría efectos atenuantes en la pena.
