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Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 30/06/2009

Xestur Pontevedra decide no aprobar las cuentas del anterior consejo al detectar que las pérdidas triplican lo previsto

Alerta de la "muy delicada" situación de la sociedad y pide una auditoría externa, que podría revelar nuevos "agujeros"

   VIGO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -  

   La Junta General de Accionistas de Xestur Pontevedra ha decidido hoy no aprobar las cuentas del anterior Consejo de Administración del organismo al considerar que "existen dudas fundadas sobre si la totalidad de las obligaciones de la sociedad están incluidas en las mismas", al haberse detectado importantes "desfases", ya que las pérdidas reales de 2008 podrían multiplicar por tres las presupuestadas inicialmente.

   Según informó hoy la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras en una nota de prensa, las diferencias entre las cuentas formuladas por los anteriores administradores y la realidad "son muy notables", hasta el punto de que las pérdidas reales de la sociedad en el pasado año "podrían triplicar las contempladas en las cuentas iniciales", pasando de 5 a 15,8 millones de euros, y que se suman al endeudamiento de Xestur, que puede superar los 80 millones de euros.

   Ante las "muchas dudas derivadas de las incongruencias" entre las cuentas formuladas y los datos existentes, la Junta de Accionistas ha decidido no aprobar las cuentas y solicitará al Registro Mercantil un mes de plazo para formular, presentar y aprobar nuevas cuentas.

   Además, se ha acordado realizar una auditoría externa para conocer "la situación real" de Xestur en la fecha actual. La consellería advirtió de que la sociedad está en una "grave" situación económica, y explicó que si Xestur fuese una empresa privada estaría "inmersa en un proceso de concurso de acreedores", al tiempo que afirmó que "no se descarta" que la auditoría revele "nuevos agujeros económicos".

   Por todo ello, la consellería incidió en que Xestur está "en una situación muy delicada" y que la "prioridad debe ser garantizar su continuidad y la de las actuaciones que le corresponden".

DESFASES

   Según el departamento de Medio Ambiente, Infraestructuras e Territorio, los desfases de la sociedad son consecuencia de "la práctica registrada en la última legislatura de iniciar multitud de proyectos simultáneamente, sin terminar ninguno" lo que "repercute negativamente sobre los ingresos de la sociedad, ya que se pasó de ser una sociedad de gestión a ser promotor".

   Xestur Pontevedra tiene actualmente en desarrollo 17 proyectos de suelo industrial y residencial, con una inversión total prevista que supera los 500 millones de euros, mientras los ingresos registrados en el ejercicio de 2008 fueron de 8,6 millones de euros. El presupuesto total de Xestur Pontevedra fue de 74 millones de euros, por lo que la inversión prevista en los 17 proyectos supone 7 veces el presupuesto anual de la sociedad.

   La Xunta destacó que una "buena parte" de los proyectos en ejecución acumulan, además, "graves problemas que dificultan su conclusión o incrementan de forma desproporcionada los costes inicialmente presupuestados".

   El departamento autonómico señaló que el "ejemplo más grave" es el parque empresarial de Mos, cuyas obras de urbanización están prácticamente terminadas. Xestur Pontevedra preveía ingresar en 2008 cerca de 25 millones de euros por venta de suelo en este parque --el presupuesto de la sociedad preveía uno ingresos totales de venta de suelo de 30 millones--.

SIN ACCESOS

   Sin embargo, seis meses después de que haya terminado el ejercicio, el recinto empresarial "sigue sin accesos y sin que el anterior Consejo de Administración diese ningún paso para solucionar este problema".

   Por ello, advirtió de que esta situación "supondrá un importante retraso en la entrega de las parcelas", perjudicando a los compradores de las mismas y haciendo que las previsiones de ingresos por parte de Xestur no se hayan cumplido.

   En cuanto a la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves (Plisan) --impulsada por la Xunta, Autoridad Portuaria de Vigo y Zona Franca de Vigo--, las irregularidades "se multiplican" ya que, aunque Xestur todavía no tiene los terrenos a su disposición, hace más de un año que se adjudicaron obras de urbanización por importe de más de 35 millones de euros.

   No obstante, ni las cuentas de Xestur Pontevedra ni las del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) recogen obras ya ejecutadas por importe de 4,5 millones de euros --correspondientes al movimiento de tierras ya realizado por la Autoridad Portuaria con cargo a los tres socios de la actuación-- ni una provisión de fondos por más de 1,5 millones de euros destinada a satisfacer las obligaciones derivadas de un mayor valor de los terrenos.

RECURSOS MINEROS PAGOS

   Además, el Consello de la Xunta de Galicia aprobó recientemente la firma de un convenio --recogido en un decreto del pasado 26 de marzo-- para el pago de los recursos mineros de algunos propietarios, lo que supone un pago total de 7,7 millones de euros. Dicho protocolo establece que la financiación correría a cargo del IGVS, la Autoridad Portuaria y Zona Franca, aunque la consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras aseguró hoy que nunca fue firmado.

   Por otra parte, en el polígono de viviendas vigués de San Paio de Navia, Xestur ejecuta --por mandato del IGVS-- obras de acondicionamiento del espacio verde, una obra adjudicada por 4,9 millones de euros, pero para la que se tramitó una modificación que incrementaría el coste en 847.000 euros. Actualmente, la empresa reclama un complementario por importe de 1,5 millones de euros por obras realizadas a mayores y "para las que no existe autorización de gasto en el IGVS".

   En lo que respecta a la urbanización de Valdecorvos, en el ayuntamiento de Pontevedra, ya se adjudicaron parcelas a promotores para la construcción de vivienda protegida y aún están pendientes de expropiación algunos terrenos. Las obras de urbanización fueron adjudicadas por 4,4 millones de euros y están en ejecución, si bien la empresa reclama la tramitación de un proyecto modificado que incrementaría el coste de la actuación.

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