La comisión de seguimiento del plan del transporte acuerda "reforzar" las cláusulas sociales para "garantizar" la estabilidad laboral
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
La comisión de seguimiento del plan de transporte público de Galicia ha acordado, este martes, remitir a la empresa adjudicataria del servicio de A Mariña (Lugo) la obligación de cumplir la subrogación en relación a los tres conductores que todavía están sin trabajo.
En el encuentro, se ha recordado que la empresa saliente ya contrató a los otros seis trabajadores que se encontraban en esta situación. No obstante, la Xunta ha insistido en la contratación de los tres restantes para cumplir el compromiso de garantizar la totalidad de los empleos vinculados al plan, puesto en marcha el pasado verano.
Así lo ha ratificado el órgano en una nueva reunión en la que han participado la conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez; el secretario xeral técnico de la Consellería, Joaquín Macho; el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro; las cuatro federaciones empresariales del transporte de viajeros; y los sindicatos que participaron en la firma de las cláusulas sociales del plan, UGT y CC.OO.
Durante la reunión, según informa la Xunta en un comunicado, la comisión ha acordado también reforzar en los pliegos de los nuevos contratos las cláusulas sociales para que sean "una completa garantía de estabilidad social".
La conselleira ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "ha destacado el valor de las cláusulas sociales" que garantizan, entre otras cosas, la subrogación y la estabilidad laboral.
El Gobierno gallego asegura que "la mayor parte" de las empresas cumplieron la subrogación, pero que en A Mariña, nueve conductores estaban todavía sin empleo --de los que seis ya han sido contratados--, un asunto al que, según Vázquez, su departamento dio "máxima prioridad".
OCHO EMPRESAS INTERESADAS
Por otra parte, esta misma reunión trató también la contratación de las líneas Lugo-Vigo y A Coruña-Vigo.
Estos proyectos ya fueron sometidos a información pública y ocho empresas mostraron su interés por prestar el servicio.
