PALMA DE MALLORCA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a cinco años de prisión y a quince años de inhabilitación al exgerente de Baleares Informática Balear (Bitel) Damià Vidal por haber ideado y planificado una trama dirigida a apoderarse de ingentes cantidades de los fondos públicos de los que tenía poder cuando estaba al frente de la entidad, aprovechando para ello la falta total y absoluta de controles administrativos y financieros.
En concreto, el tribunal de la Sección Segunda le considera autor responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, prevaricación y cohecho, si bien con las atenuantes de reparación parcial del daño y de dilaciones. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 12 años de prisión para el exalto cargo del PP.
Junto al exgerente, para quien el Ministerio Público rebajó en dos años su petición de condena, también han sido condenados a seis meses de cárcel el ingeniero informático de Bitel Iván Guardia y al exdirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP Ramón de la Iglesia, y al pago de una multa de 5.400 euros al exsecretario de la empresa pública Sebastián Romaguera.
En su escrito de calificación definitivo, formulado de forma conjunta con Bitel como acusación particular, el fiscal Pedro Horrach aseveraba que "no estamos ante meras irregularidades sino ante infracciones evidentes, flagrantes y clamorosas", añade puesto que "absolutamente todos los expedientes de contratación analizados son simulados" y con ello "sólo se pretende dar apariencia de legalidad a decisiones prevaricadoras".
Se da la circunstancia de que Vidal fue perito de la defensa en el primer sumario del caso Bitel, que indagaba si desde la Secretaría de Matas en su primer mandato fue espiado el correo electrónico del entonces presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, el socialista Francesc Quetglas.
Este es uno de los primeros juicios que tuvieron lugar por las presuntas irregularidades cometidas al frente de diversos organismos públicos durante el último mandato de Jaume Matas, quien por su parte está siendo investigado en el marco del caso Palma Arena por el enriquecimiento presuntamente ilícito del que gozó cuando era máximo mandatario de la Comunidad.
