DUBÁI/GINEBRA, 15 Mar. (Reuters/EP) -
El Parlamento de Bahréin ha invitado al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeed Raad al Hussein, a una visita al país y le ha prometido que no se le impondrán restricciones para acceder a prisiones y a localidades con mayoría de población chií, según han informado medios locales.
Un alto responsable de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra ha dado la bienvenida a la invitación y ha dicho que cualquier visita tendrá que abordar temas como las denuncias de torturas y las medidas del Gobierno contra activistas y partidos políticos contrarios a las autoridades.
Según el diario 'Ajbar al Jaleej', el Parlamento ha cursado una invitación abierta para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Husein, para visitar el país tras las declaraciones que ha realizado recientemente sobre supuestas "violaciones de Derechos Humanos"
"Los parlamentarios han declarado que no habrá restricciones a sus movimientos y que estará autorizado para visitar cualquier lugar, localidad o prisión", ha señalado el rotativo bahreiní.
Desde Ginebra, el jefe de la sección de Oriente Próximo y Norte de África de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mohammad Alnsour, ha explicado a Reuters que en febrero de 2016 fue anulada la visita de una misión técnica que él iba a encabezar porque no se le permitía visitar centros de detención.
Alnsour ha dicho que Zeid da la bienvenida a la invitación pero que ha subrayado que tendrá que abordar los temas de los Derechos Humanos y que no se tratará de una "oportunidad para hacerse fotos". Decenas de miles de musulmanes chiíes se manifestaron contra el Gobierno bahreiní en la capital del país en 2011 para pedir una mayor participación en el Ejecutivo y las autoridades respondieron reprimiendo las protestas, una actuación que generó denuncias de torturas por parte de manifestantes.
Las autoridades de Bahréin, un país con mayoría de población chií y gobernador por una élite suní, han prohibido al principal grupo chií y han iniciado un proceso legal para ilegalizar a otro grupo laico, además de detener a activistas y de revocar la ciudadanía al líder espiritual de los chiíes bahreiníes.
El Gobierno de Bahréin sostiene que sus acciones están dirigidas contra las personas que fomentan la violencia y las tensiones sectarias en el reino y niega las acusaciones de los activistas y opositores.
Alnsour ha subrayado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene muchas preocupaciones en torno a Bahréin. "Nuestra mayor preocupación es que tenemos acusaciones de torturas, hundimiento del espacio democrático para los activistas políticos y las sociedades políticas", ha explicado.
Sede la quinta flota de Estados Unidos, Bahréin es considerado junto a Arabia Saudí y otras potencias suníes del Golfo como un contrafuerte frente a la influencia de Irán, la principal potencia chií de Oriente Próximo y del mundo.
Los chiíes bahreiníes sostienen que los suníes que les gobiernan actúan en su contra y el Gobierno niega esas acusaciones y asegura que los opositores están intentando traer la inseguridad al país.
