MÉXICO DF, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha llegado a la conclusión al término de su investigación sobre los hechos de violencia ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, en el estado de México, que quince de las 22 víctimas mortales fueron ejecutadas por ocho efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
En rueda de prensa, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ha reconocido que ésta constituye una de las peores violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas mexicanas.
Según recogen los medios locales, Plascencia ha explicado que los quince civiles, entre los que hay dos adolescentes de 17 años, fueron ejecutados por militares tras haberse rendido y pese a estar desarmados. En cuanto a los otros cinco fallecidos, habrían muerto presumiblemente en el tiroteo.
El titular de la CNDH ha recordado que inicialmente se dijo que los 22 fallecidos habían muerto en el enfrentamiento, ya que esa fue la información que ofreció SEDENA. Sin embargo, la investigación ha permitido determinar que los cuerpos y la escena de los hechos fueron manipulados por los soldados involucrados.
Asimismo, ha indicado que autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado de México obstaculizaron la entrega de imágenes para poder realizar las investigaciones.
INVESTIGACIÓN DE LOS RESPONSABLES
Así las cosas, y dado que a ninguno de los militares involucrados se les ha abierto un proceso penal por homicidio, la CNDH ha recomendado a la SEDENA, a la Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del Estado de México, que se inicie una investigación a los ocho militares involucrados, que sean juzgados por autoridades federales y se indemnice a los familiares de las víctimas.
Igualmente, Plascencia ha denunciado la situación de dos mujeres que se encontraban en el lugar donde se produjo el tiroteo y que actualmente están recluidas en un centro federal femenino en Tepic, en el estado de Nayarit. Tras lamentar que se las ha tratado como delincuentes, ha pedido que se les proporcione atención médica y psicológica para restablecer su salud física y mental.
