La Contraloría venezolana multa a Capriles con diez dólares por irregularidades en el presupuesto de Miranda

Henrique Capriles
REUTERS
Publicado 05/04/2017 20:56:03CET

CARACAS, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Contraloría General de Venezuela ha sancionado con el pago de una multa de diez dólares al líder opositor Henrique Capriles "por haber reconducido el presupuesto de Miranda", algo que el gobernador estatal ha interpretado como un intento de "inhabilitación" política.

La institución venezolana, encargada de vigilar a los servidores públicos, investiga además a Capriles por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, epicentro de un escándalo de pago de sobornos para conseguir obras públicas en toda la región.

Capriles, que ha anunciado él mismo la sanción, ha anticipado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la decisión de la Contraloría General, según informa el diario venezolano 'El Nacional'.

Además, ha denunciado que el verdadero objetivo es impedir que pueda ejercer cargos públicos y ha recordado que "la única manera de que se inhabilite a un funcionario es a través de una sentencia condenatoria".

Capriles también ha respondido al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, que le ha acusado de instigar los disturbios en los que desembocó la marcha opositora celebrada el martes en Caracas para denunciar un "golpe de Estado" por parte del TSJ.

"Este sinvergüenza acusado de narcotráfico (por Estados Unidos) en la madrugada de ayer ya tenía cerrados los accesos a la Asamblea Nacional. A eso súmele las estaciones de metro que fueron cerradas", ha reprochado. "Es una joyita", ha espetado.

CRISIS INSTITUCIONAL

El TSJ ratificó la semana pasada que la Asamblea Nacional estaba en "desacato", advirtió a los diputados de que, en consecuencia, cualquier acto que realizarán estaba exento de la protección que concede la inmunidad parlamentaria y asumió las competencias de la sede legislativa hasta nuevo aviso.

El Parlamento denunció un "golpe de Estado" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro e incluso la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, --una fiel 'chavista'-- advirtió de que dicho fallos suponen una "ruptura del orden constitucional". En la misma línea, los países regionales y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresaron su preocupación por lo que consideraron una vulneración de los principios democráticos.

En un principio, el Gobierno se limitó a emitir un comunicado en el que denunció una "arremetida" de "la derecha intolerante y pro imperialista dirigida" por Estados Unidos para "atentar contra el Estado de Derecho" a través de "falsedades e ignominias", pero finalmente convocó al Consejo de Defensa Nacional, que ordenó al TSJ dar marcha atrás.

El TSJ ha cumplido las órdenes del Palacio de Miraflores y ha emitido dos "aclaraciones" que devuelven sus poderes a la Asamblea Nacional y la inmunidad a los diputados, con lo que Maduro ha dado por superado este "impasse en los poderes públicos". Sin embargo, para los críticos esta sucesión de hechos confirma que el Gobierno controla las demás instituciones venezolanas.

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