CARACAS, 6 Dic. (EDIZIONES) -
Hace justo un año que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó para sorpresa de todos --incluso suya-- las elecciones parlamentarias, y desde entonces la tensión con el Gobierno no ha hecho más que aumentar y agravar una crisis transversal que a estas alturas resulta insoportable para la inmensa mayoría de los venezolanos.
"¡Comenzó el cambio, Venezuela!". Así anunció el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús 'Chúo' Torrealba, el triunfo de la coalición opositora en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015, que el propio presidente venezolano asumió como una "bofetada" al Gobierno.
Era la primera vez desde la llegada del fallecido Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, en 1999, que la oposición controlaba la Asamblea Nacional. Una oportunidad histórica para estrechar el cerco sobre el Gobierno de Nicolás Maduro hasta propiciar su caída.
Para mayor mérito, el recuento inicial otorgó a la MUD una 'súper mayoría' de 112 diputados (sobre un total de 167), lo que le permitía controlar directamente al Gobierno y los demás poderes del Estado e incluso lanzar una reforma constitucional.
Pero la euforia de la MUD se desinfló rápidamente ante las primeras jugadas del 'chavismo', que peleó con uñas y dientes para evitar tal pérdida de control justo cuando Maduro registraba los peores índices de popularidad de un presidente venezolano en décadas.
El oficialismo temía que la transición de poder que logró contener tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, gracias a una ajustada victoria electoral de Maduro sobre el aspirante de la MUD, Henrique Capriles, se desatara entonces, con un 'chavismo' en horas bajas.
TSJ Y AMAZONAS
El Gran Polo Patriótico, grupo parlamentario oficialista, aprovechó su último mes de hegemonía en la Asamblea Nacional para designar 'in extremis' a los 34 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) --13 titulares y 21 suplentes--.
La designación de los magistrados del TSJ es especialmente importante en el contexto político venezolano, con una Asamblea Nacional en manos de la MUD y Maduro en el Gobierno, porque el alto tribunal es el responsable de dirimir los conflictos entre ambas instituciones.
Por ello, la MUD, nada más asumir las riendas del Congreso, el 5 de enero de este año, impugnó el nombramiento de los intengrantes del TSJ argumentando que había estado "viciado", precisamente, para evitar que decidiera la nueva mayoría parlamentaria.
Sin embargo, el propio TSJ frenó la iniciativa de la MUD alegando que la Asamblea Nacional "no está legitimada para revisar, anular, revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los magistrados", en el que también intervienen el Poder Judicial y la ciudadanía.
El segundo golpe llegó pocos días después del examen en las urnas. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela impugnó los resultados en las circunscripciones indígenas, que habían dado a la MUD los tres escaños necesarios para la 'súper mayoría'.
La Sala Electoral del TSJ ordenó al Parlamento anular cautelarmente la toma de posesión del acta de diputado de Nirma Guarilla, Julio Ygarza y Romel Guzamana --los tres representantes indígenas--, algo a lo que la MUD accedió para poder poner en marcha la Legislatura.
Eso dejó a la oposición venezolana con tan solo 109 escaños, una mayoría cualificada con la que retenía el dominio legislativo y el poder de censura sobre los miembros del Gobierno, pero perdía el control institucional y la iniciativa de reforma constitucional.
Para recuperar la cifra mágica de 112, y ante el silencio de la Sala Electoral, la MUD decidió en verano incorporar de nuevo a los tres diputados y la respuesta no se hizo esperar: el TSJ declaró en "desacato" a la Asamblea Nacional, dejando sin efecto todos sus actos.
Este litigio aún sigue abierto. La MUD ha accedido en las últimas semanas, como parte de los compromisos asumidos en el diálogo político, a expulsar otra vez a los tres diputados, siempre y cuando el TSJ dé una pronta solución a la disputa electoral en dichas circunscripciones.
BLOQUEO INSTITUCIONAL
El "desacato" de la Asamblea Nacional ha sido una constante en este año. Por uno u otro motivo --el de estos tres diputados el más recurrente-- la Justicia venezolana ha despojado periódicamente al Parlamento de sus poderes.
A ello se suma el boicot que el Gobierno ha hecho sin tapujos a cualquier proyecto de ley elaborado por la MUD gracias a la complicidad del TSJ --con sus 34 magistrados 'chavistas'--, que todas las veces se ha posicionado a favor de Miraflores.
Entre enero y noviembre, según datos recogidos por el diario venezolano 'El Nacional', el nuevo Parlamento ha sancionado 14 leyes, frente a las dos del periodo anterior, de las cuales solo una ha recibido el visto bueno del Ejecutivo: la regulación del uso de teléfonos móviles en las cárceles.
El sabotaje del Gobierno ha afectado a leyes de calado, entre las que destaca, por su simbolismo, la Ley de Amnistía, con la que la MUD pretendía sacar de prisión a los 117 opositores que, según denuncia, el 'chavismo' ha encarcelado por motivos políticos.
Esta Ley de Amnistía habría liberado a Leopoldo López, jefe de Voluntad Popular, uno de los partidos políticos que conforman la MUD, y el dirigente opositor con más tirón entre los venezolanos, quizá el único capaz de propiciar el anunciado "cambio".
La victoria electoral de la MUD en la Asamblea Nacional se ha convertido así en un triunfo más simbólico que real. "Nunca se imaginó la MUD, hace un año, que el Gobierno podría llegar a tal nivel de bloqueo institucional", ha dicho el analista político Luis Vicente León a 'El Nacional'.
CRISIS VENEZOLANA
La situación política en Venezuela, que ya era crítica antes del triunfo electoral de la MUD, se ha agravado por esta cohabitación inédita porque la coalición opositora ha puesto en marcha una ofensiva parlamentaria para desahuciar a Maduro de Miraflores.
La mejor arma era un referéndum en el que los venezolanos decidan si cesan a Maduro antes de que su mandato presidencial expire oficialmente, en 2019, pero esta estrategia también ha sido neutralizada. El Consejo Nacional Electoral ha alegado irregularidades en la recogida de firmas y ha pospuesto la consulta popular 'sine die'.
El problema (para la MUD) es que si el referéndum no se convoca antes del próximo 10 de enero, cuando Maduro superará el ecuador de su mandato, aunque finalmente el CNE dé su visto bueno y los venezolanos voten para destituirlo, no habrá elecciones anticipadas, sino que el Gobierno quedará en manos del vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, hasta 2019.
La furia de la MUD se ha canalizado a través de constantes protestas, sobre todo en Caracas, no solo por los golpes a la nueva Asamblea Nacional, sino por una situación económica que ha dejado sin comida y medicamentos a los venezolanos.
La creciente tensión en las calles ha forzado al Gobierno a sentarse a la mesa de conversaciones --por segunda vez desde la muerte de Chávez-- para pactar una salida negociada a la crisis política, económica y social que sufre la nación caribeña.
Sin embargo, la MUD denuncia que el Gobierno se niega a cumplir los compromisos pactados --liberación de presos políticos y "salida electoral"-- y ha amenazado con abandonar las negociaciones este mismo mares para retomar la agenda de protestas.
Maduro, por su parte, ha acusado a algunos de los mediadores internacionales --el Vaticano y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República Dominicana) y Marín Torrijos (Panamá)-- de "implosionar" el diálogo por imparcialidad.
Este cruce de reproches amenaza con devolver la solución a esta crisis a la movilización popular de uno y otro bando, que en 2014 se saldó con 43 muertos, cientos de heridos y miles de encarcelados.
