MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Ruanda ha anunciado este martes el arresto de seis pastores católicos sospechosos de estar detrás de un intento de hacer frente a una orden de las autoridades cerrando más de 710 iglesias por no cumplir los estándares mínimos a nivel de infraestructura, higiene y seguridad.
El portavoz de la Policía, Theos Badege, ha indicado que los detenidos son Rwandamura Charles, Nyamurangwa Fred, Rugagi Innocent, Ntambara Emmanuel, Dura James y Kalisa Shyaka Emmanuel.
Asimismo, ha recalcado que todos ellos habrían celebrado "reuniones ilegales" para idear opciones para oponerse a la orden de las autoridades, según ha informado el diario local 'The Rwandan'.
Los cierres, llevados a cabo la semana pasada, han afectado a un total de 714 iglesias, según líderes locales de la capital, Kigali, quienes han apuntado también a problemas sobre el estatus legal de algunas de las instalaciones.
El jefe del Departamento de Partidos Políticos y Sociedad Civil, Justus Kangwagye, dijo que los lugares de culto deben cumplir unos estándares mínimos que no eran satisfechos por los locales afectados.
"El culto debe realizarse de forma organizada y cumplir unos estándares mínimos. Ejercer la libertad de culto no debe afectar a los derechos de otras personas", sostuvo, según informó el diario ruandés 'The New Times'.
"Por ejemplo, si se considera que las infraestructuras podrían causar un peligro a los que rezan, es obvio que no cumple los requisitos", dijo, al tiempo que manifestó que algunos de los centros afectados podrían retomar pronto sus actividades.
Kangwagye detalló que algunas de estas instalaciones no contaban con aparcamientos y los que acudían a ellas aparcaban en la calle, provocando atascos, mientras que otras iglesias operaban en tiendas de campaña.
Asimismo, apuntó que otras iglesias no contaban con las medidas de higiene necesarias o no tenían detectores de metales para realizar controles de seguridad a la entrada del lugar.
Por último, explicó que para abrir una iglesia se necesita un certificado temporal válido durante doce meses, tras lo cual se debe formalizar la situación. "La mayoría no cumplieron eso. No pueden operar al margen de la ley", remachó.
